¿Qué hacemos?

Garantizamos el acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna, poniendo énfasis en la población en condición de vulnerabilidad, y fomentando el respeto y la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado.

Brindamos la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas institucionales, en los ámbitos nacionales e internacionales, con énfasis en la lucha firme contra la corrupción.

Fomentamos una cultura ciudadana de respeto a la legalidad y la consolidación del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica a través del fortalecimiento de los servicios registrales y notariales en favor de todos los ciudadanos.

Fortalecemos la política criminal y el sistema penitenciario para reducir los niveles de delincuencia y crimen organizado, promoviendo, además, la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.