El reto de la ciudadanía plena llama a que el esfuerzo nacional en el terreno educativo se enlace con las labores necesarias en distintos ámbitos de la vida nacional para lograr una ciudadanía plena; es decir, para que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, podamos ejercer plenamente todos nuestros derechos (entre ellos, el derecho a la educación) sin menoscabo alguno, sea por deficiencias en los servicios que coadyuvan a su ejercicio (como una educación académicamente deficiente o que descuide el desarrollo integral del potencial humano) o porque estos reproducen injusticias sociales preexistentes.