La tala ilegal, en sus diferentes modalidades, así como el comercio asociado a ella, afectan al sector forestal, la cadena productiva de la madera, al comercio formal y la seguridad jurídica de las transacciones. Por esta razón, el Estado peruano ha trabajado en la promulgación de políticas y normas que promuevan el manejo sostenible de los recursos del bosque, pero al no contar con estudios basados en metodologías de medición directa y en evidencia obtenida de fuentes primarias para estimar el índice de la tala y el comercio ilegal, se dificultaba la toma de decisiones y los espacios de coordinación.