Marca de Certificación Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer

Presentación

Desde las primeras décadas del siglo XXI, el Estado peruano ha venido avanzando en la mejora de la institucionalidad de las normas, políticas públicas, planes nacionales, programas, proyectos, estrategias y servicios públicos orientados a la igualdad de género. En este sentido se reconoce que, los desafíos para lograr una sociedad con libertad y justicia social requieren garantizar la igualdad de todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas. El desarrollo económico, social, político y cultural, parte del cierre de brechas de desigualdad, siendo una de ellas, la desigualdad de género, que se basa en la discriminación estructural e histórica de las mujeres.

Actualmente, contamos con la Ley N° 28983-Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2007), la Ley N° 30364-Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada con Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada con Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, entre otras normas y políticas públicas que orientan la determinación de los objetivos, resultados esperados, acciones, indicadores y metas de país, para lograr la anhelada igualdad de género, que permita que todas las personas, hombres y mujeres, podamos ejercer los mismos derechos, acceder a las mismas oportunidades y desarrollarnos.

En el ámbito internacional de los derechos humanos el principio de igualdad y no discriminación es un principio rector fundamental que sustenta la labor de la organización pública y privada para mejorar las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, de tal forma que las personas tengan una vida digna, dentro de la institución y su entorno. De esta manera, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), establece los estándares internacionales en materia laboral que los países miembros, entre ellos Perú, deberían promover para que sean una realidad, entre ellos se encuentran los siguientes convenios: Convenio N° 190 sobre la violencia y el acoso (2019), el Convenio N° 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011), el Convenio N° 183 sobre la protección de la maternidad (2000), el Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981), el Convenio N° 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación (1958) y el Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración (1951).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 señalan que la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible (Objetivo N° 5 sobre la Igualdad de Género), así como el Objetivo 8, que establece la necesidad de “Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida”. Asimismo, una de las metas del objetivo 8 es “8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”, especialmente cuando nos encontramos atravesando una emergencia sanitaria por la pandemia COVID- 19, generando consecuencias en la economía mundial y agravando la situación de desigualdad existente para las mujeres y niñas del mundo.

Por tanto, toda esta normativa de carácter nacional e internacional, así como su instrumentalización, convoca a todas las instituciones públicas y privadas, en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con la participación de la sociedad civil, a trabajar concertadamente la erradicación de la discriminación y violencia contra la mujer.

En el caso del sector empresarial, el Foro APEC Mujer y Economía 2016 “Rompiendo barreras para la integración económica de las mujeres en el mercado global”, realizado en nuestro país brindó una serie experiencias y prácticas que las economías realizan para afrontar los principales desafíos que tenemos frente a la violencia y discriminación en las organizaciones que afecta negativamente el desarrollo humano, social y económico, no sólo porque es una violación a los derechos humanos de las mujeres, sino también porque conlleva a un alto costo en términos de gastos para la provisión de servicios. Junto a ello, la necesidad de actuar en procesos de transformación de nuestras sociedades de manera conjunta permitió repensar lo trabajado estos años e incluir nuevos mecanismos para ayudar y estimular la participación de organizaciones sin importar su tamaño, complejidad y rubro.

El Foro Mujeres y Economía de APEC 2017 realizado en Vietnam, "Promoviendo la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres", enfatiza su llamado a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y reconoce que este impide significativamente en el logro del empoderamiento económico de las mujeres. Se recomienda que las Economías consideren un mayor gasto enfocado a las cuestiones de género y pongan a disposición prestaciones de servicios para prevenir la violencia de género en el hogar, el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Los servicios de protección social aumentan la participación económica de las mujeres, afectan positivamente el desarrollo humano, social y económico; disminuyen la pérdida de ingresos.

Por todo lo antes expuesto y el compromiso que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para eliminar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres presenta las bases para la V Edición de la Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer”, la misma que se sustenta en el marco del nuevo Reglamento de Uso de la Marca de Certificación, estableciendo estándares y criterios de calidad con miras a promover la igualdad y no discriminación de manera sustantiva entre hombres y mujeres, a través del cumplimiento de criterios temáticos de la organización, como la transversalización del enfoque de género, la garantía de los derechos económicos y laborales de las mujeres, la conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, así como la prevención y atención de la violencia de género.