Información institucional

¿Qué hacemos?

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico especializado que tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal.

Funciones

Son funciones de la SMV las siguientes:

• Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos; la actividad de financiamiento participativo; aquellas necesarias para el cumplimiento de las funciones otorgadas a la SMV por la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas; así como las disposiciones sobre otras materias cuya regulación haya sido otorgada a la SMV.
• Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que participan en dichos mercados; así como el cumplimiento de la legislación que rige la actividad de financiamiento participativo financiero. Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la SMV en los aspectos que signifiquen una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de esta última.
• Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos, el sistema de fondos colectivos y la actividad de financiamiento participativo financiero.
• Supervisar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por parte de las sociedades auditoras habilitadas por un Colegio de Contadores Públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV, para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general concordantes con las referidas normas internacionales de auditoría y requerir información o documentación para verificar tal cumplimiento.
• Emitir un informe técnico, a pedido del Ministerio Público, sobre la implementación y funcionamiento del modelo de prevención al que hace referencia la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así como su reglamento.