Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza una penalidad en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, aplicando al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso.