Son las facultades y competencias asignadas a los órganos que ejercen la función de integridad, destinadas a facilitar, implementar, supervisar, y orientar a los distintos órganos y unidades orgánicas sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos establecidos para elevar los estándares de integridad pública. Estas funciones se ejercen preferentemente sobre la base del Modelo de Integridad, que contiene lineamientos y/o parámetros destinados a fortalecer la capacidad de prevención a la corrupción y actuaciones contrarias a la ética de las entidades públicas.