Es un conjunto de orientaciones, mecanismos y procedimientos diseñados para fortalecer a las entidades públicas en lo que respecta a su capacidad interna de prevencion  y sancion frente a la corrupción, así como frente a prácticas contrarias a la ética. Para su implementación, se ejecutan acciones vinculadas a los nueve(9)  componentes que lo conforman, articulando su cumplimiento con las diversas áreas de la entidad.