Gobierno indemniza a deudos de campesina esterilizada durante gobierno de fujimori

El Ministerio de Salud, en representación del Estado peruano, brindará un seguro de salud permanente al esposo e hijos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez (33), una humilde mujer campesina de Cajamarca que falleció el 4 de abril de 1998, como consecuencia de una esterilización forzada realizada dentro de las políticas de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori.

Según explicó esta mañana el ministro de Salud, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, los deudos también recibirán rehabilitación psicológica, para lo cual, el Estado entregará en fideicomiso la suma de siete mil dólares por concepto del tratamiento a una institución pública o privada que se encargará de brindar la atención que requieran los beneficiarios.

Durante la firma del Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado Peruano y los deudos de la víctima, efectuada en la sede del Ministerio de Justicia, el titular de Salud señaló que su sector profundizará las investigaciones para sancionar, por violación al libre consentimiento, a los responsables de dichos actos.

Entre ellos se encuentra el personal de salud que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza; los responsables de la muerte de la mujer; el personal profesional que -según las investigaciones- entregaron dinero al cónyuge a fin de encubrir las circunstancias del deceso; a la comisión investigadora de la sub región IV de Cajamarca del MINSA, que cuestionablemente determinó la ausencia de responsabilidad en el personal de salud que atendió a la víctima.

Según el documento, el Estado se compromete también a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de salud reproductiva y de planificación familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.

Respecto a las medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud, el ministro aseguró que se capacitará en forma permanente al personal de salud en temas de derechos reproductivos, violencia contra la mujer y equidad de género, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas.

“De este modo, el Estado peruano, cumpliendo sus obligaciones adquiridas en esta materia, y consciente de que tiene el deber de reparar adecuadamente toda violación a una norma internacional, reconoció su responsabilidad aunque estos hechos ocurrieron en un régimen anterior, precisó el Dr. Vidal Rivadeneyra, frente al esposo y los siete hijos de la infortunada mujer fallecida a consecuencia de las esterilizaciones forzadas.

VIOLACIONES
Los antecedentes señalan que María Mamérita Mestanza Chávez fue sometida con engaños a un procedimiento quirúrgico de esterilización que finalmente ocasionó su muerte; ello como parte de una equivocada política de planificación familiar gestada desde los altos niveles del gobierno del hoy prófugo presidente Alberto Fujimori.

En ese sentido, el Dr. Vidal señaló que en una sociedad democrática tenemos la obligación de llegar a conocer la verdad en todo los casos de violación de los derechos humanos, invocando que, con esta solución amistosa, se ponga término a un capítulo nefasto en la historia del país. Añadió, también, que como Nación tenemos que dar pasos positivos para que la verdad sea esclarecida y para que se restablezca el derecho de las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos.

“Porque esa es la forma de construir una sociedad democrática de cara a la verdad, a la justicia y a la paz”, subrayó el titular del MINSA, tras precisar que en este caso específico se vulneraron los artículos 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 12 y 14 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En dicha sesión también participaron la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Anel Townsend, y de Justicia, Fausto Alvarado; además, el Defensor del Pueblo, Dr. Walter Albán; la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Martha Altolaguirre; la doctora Susana Quiarotti en representación de las víctimas y representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos y de la mujer, a nivel nacional y latinoamericano.

“Estos hechos nunca debieron ocurrir y jamás deben repetirse en el país”, fue el sentir general de los asistentes a la ceremonia en la que se reconoció responsabilidad del Estado frente a un caso de esterilización forzada a una mujer.