Violencia estructural agrava desigualdad y golpea salud mental, alerta Mag. José Cabrera en Jornadas INSM 2025
Nota de prensaEl psicólogo social señaló que el aumento de la inseguridad impacta en el bienestar emocional de la población y propuso incluir la salud mental en las políticas de seguridad.
9 de junio de 2025 - 2:58 p. m.
Durante el simposio de las Jornadas Científicas Institucionales 2025 del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM "HD-HN"), el Mag. José Cabrera Chacón, psicólogo social, alertó sobre el impacto profundo y persistente de la violencia estructural, a la que definió como “el mayor freno al desarrollo humano y a la salud mental colectiva del país”.
Durante su ponencia, Cabrera explicó que la violencia estructural se manifiesta a través de sistemas invisibles que reproducen desigualdad sin necesidad de un agresor directo. Estas dinámicas, precisó, están arraigadas en instituciones y normas que normalizan la exclusión, afectando principalmente a poblaciones rurales, indígenas y en situación de pobreza, al limitar su acceso a educación, salud y empleo digno.
Violencia y miedo: un clima que afecta la salud mental
Respaldado por cifras del Ministerio del Interior, el especialista señaló que la tasa nacional de homicidios alcanzó los 7,2 por cada 100 mil habitantes en 2024, con distritos como El Porvenir que superan los 19,5 casos, evidenciando una preocupante concentración de violencia letal.
Asimismo, advirtió que el avance del crimen organizado y la extorsión está generando un clima de temor generalizado. Solo en Lima y Callao, más de 2 000 bodegas han cerrado en lo que va del año, según cifras oficiales, aunque los gremios empresariales estiman hasta 10 000 negocios afectados por amenazas, cobro de cupos o extorsión.
Este escenario —señaló Cabrera— genera un doble costo económico: por un lado, el Estado destina cerca del 2 % del PBI a seguridad, y por otro, las familias y empresas deben asumir gastos adicionales en protección privada, seguros o incluso renunciar a sus emprendimientos.
Repercusiones emocionales y desigualdad sanitaria
El impacto va más allá de lo económico. “El 81 % de limeños evita ciertas zonas por temor a la delincuencia, lo que reduce la movilidad, afecta la asistencia escolar y el desempeño laboral”, precisó, citando datos del Barómetro de Seguridad de Ipsos. A esto se suman consecuencias emocionales directas: más del 50 % de la población reporta ansiedad, estrés o episodios de pánico, síntomas que afectan con mayor intensidad a mujeres y jóvenes en zonas urbanas.
La situación se agrava por la desigualdad en el acceso a servicios de salud mental. Según Cabrera, el 70 % de los pacientes cubiertos por el SIS no accede a atención especializada ni medicación oportuna. En regiones como Huancavelica, tres de cada diez niños padecen desnutrición crónica, lo que —advirtió— constituye un caldo de cultivo para frustración, violencia y desarrollo de problemas psicosociales a largo plazo.
De la represión al cuidado: un nuevo enfoque para la seguridad
Cabrera contextualizó la evolución histórica de la violencia en el país: desde los conflictos armados de los años 80 y 90, pasando por las pandillas juveniles, hasta llegar a redes actuales de narcotráfico y minería ilegal. En ese sentido, instó a replantear la agenda de seguridad ciudadana, incorporando enfoques de derechos humanos, salud emocional y cohesión comunitaria.
Durante su ponencia, Cabrera explicó que la violencia estructural se manifiesta a través de sistemas invisibles que reproducen desigualdad sin necesidad de un agresor directo. Estas dinámicas, precisó, están arraigadas en instituciones y normas que normalizan la exclusión, afectando principalmente a poblaciones rurales, indígenas y en situación de pobreza, al limitar su acceso a educación, salud y empleo digno.
Violencia y miedo: un clima que afecta la salud mental
Respaldado por cifras del Ministerio del Interior, el especialista señaló que la tasa nacional de homicidios alcanzó los 7,2 por cada 100 mil habitantes en 2024, con distritos como El Porvenir que superan los 19,5 casos, evidenciando una preocupante concentración de violencia letal.
Asimismo, advirtió que el avance del crimen organizado y la extorsión está generando un clima de temor generalizado. Solo en Lima y Callao, más de 2 000 bodegas han cerrado en lo que va del año, según cifras oficiales, aunque los gremios empresariales estiman hasta 10 000 negocios afectados por amenazas, cobro de cupos o extorsión.
Este escenario —señaló Cabrera— genera un doble costo económico: por un lado, el Estado destina cerca del 2 % del PBI a seguridad, y por otro, las familias y empresas deben asumir gastos adicionales en protección privada, seguros o incluso renunciar a sus emprendimientos.
Repercusiones emocionales y desigualdad sanitaria
El impacto va más allá de lo económico. “El 81 % de limeños evita ciertas zonas por temor a la delincuencia, lo que reduce la movilidad, afecta la asistencia escolar y el desempeño laboral”, precisó, citando datos del Barómetro de Seguridad de Ipsos. A esto se suman consecuencias emocionales directas: más del 50 % de la población reporta ansiedad, estrés o episodios de pánico, síntomas que afectan con mayor intensidad a mujeres y jóvenes en zonas urbanas.
La situación se agrava por la desigualdad en el acceso a servicios de salud mental. Según Cabrera, el 70 % de los pacientes cubiertos por el SIS no accede a atención especializada ni medicación oportuna. En regiones como Huancavelica, tres de cada diez niños padecen desnutrición crónica, lo que —advirtió— constituye un caldo de cultivo para frustración, violencia y desarrollo de problemas psicosociales a largo plazo.
De la represión al cuidado: un nuevo enfoque para la seguridad
Cabrera contextualizó la evolución histórica de la violencia en el país: desde los conflictos armados de los años 80 y 90, pasando por las pandillas juveniles, hasta llegar a redes actuales de narcotráfico y minería ilegal. En ese sentido, instó a replantear la agenda de seguridad ciudadana, incorporando enfoques de derechos humanos, salud emocional y cohesión comunitaria.
“El miedo también alimenta estereotipos contra migrantes y minorías, generando mayor desconfianza social, aislamiento y riesgo de trayectorias delictivas en adolescentes”, explicó.
Salud mental como eje de prevención
Frente a este panorama, el ponente propuso integrar la salud mental en las políticas de seguridad ciudadana, fortalecer la atención primaria con equipos psicosociales y desplegar programas comunitarios de rehabilitación y prevención, con el objetivo de reconstruir la confianza institucional deteriorada por la corrupción y la impunidad.
Finalmente, Cabrera hizo un llamado a las autoridades y sectores privados a “pasar del control policial reactivo a estrategias intersectoriales preventivas que aborden las raíces psicosociales de la violencia en el país”.
Finalmente, Cabrera hizo un llamado a las autoridades y sectores privados a “pasar del control policial reactivo a estrategias intersectoriales preventivas que aborden las raíces psicosociales de la violencia en el país”.