MINSA organizó foro sobre el conflicto de intereses en la elaboración de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y Guías de Práctica Clínica
Nota de prensaEvento convocó a funcionarios del sector salud, metodólogos, personal de salud, académicos, representantes de la industria y público interesado



20 de febrero de 2025 - 11:34 a. m.
El Ministerio de Salud (MINSA), liderado por el Dr. Cesar Vásquez Sánchez, a través Instituto Nacional de Salud (INS) organizó el foro “Conflicto de intereses en la elaboración de las Evaluaciones de las Tecnologías Sanitarias (ETS) y las Guías de Práctica Clínica (GPC)", a fin de fortalecer la gestión del mejoramiento de la salud pública y garantizar la transparencia, credibilidad y confianza en los procesos que impactan en la salud pública y en el acceso a los tratamientos de calidad en la elaboración de las ETS y GPC frente a los conflictos de intereses.
El evento desarrollado por el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETS) del INS, contó con la participación de la Presidencia Ejecutiva del INS, quien destacó en la inauguración “la importancia de la realización del foro que permitirá esclarecer y abordar de la mano con nuestros invitados, los conflictos de intereses en la elaboración de la Guías de Practicas Clínicas para la toma de decisiones o recomendaciones que puedan darse desde el punto de vista de la ética y la bioética, pues buscamos aumentar la difusión de esta cultura contribuyendo a seguir aumentado el desarrollo de las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias, que necesita el país”.
De este modo, el foro con más de 220 asistentes, fue transmitido vía zoom en simultáneo por el Facebook Life y el canal de YouTube del INS, con la presentación de cuatro mesas de trabajo sobre el conflicto de interés en el sector salud, la elaboración de evaluaciones de tecnologías sanitarias, la elaboración de las guías de práctica clínica y la industria farmacéutica.
A lo largo del evento, expertos nacionales e internacionales brindaron sus experiencias, buscando fomentar una reflexión sobre la presencia y gestión de los conflictos de interés y el impacto que puede darse en su manejo para la toma de decisiones en salud, así como conocer las estrategias que han sido aplicadas en sus entidades y los resultados y alcances obtenidos.
Entre los ponentes invitados a la mesa N°1, se contó con la participación de Alonso Villarán Contavalli, docente de la Universidad del Pacífico (UP); Agueda Muñoz De Carpio Toia, docente e investigadora de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa; Anderson Miranda Velarde, coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del INS.
Así también se presentaron en la mesa N°2, David Jumpa Armas, gerente de la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social de Salud; Juana Gómez Morales, de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso (DFAU) de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y Victoria Vargas Quiroz, abogada del CETS del INS.
La mesa N°3 estuvo conformada por Fabiola Huaroto Ramírez, asesora de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e investigación (IETSI) del Seguro Social de Salud; Carlos Canelo Aybar, Investigador de Cochrane Iberoamérica y Karen Huamán Sánchez, subdirectora de Guías de Práctica Clínica del CETS del INS.
Finalmente, se desarrolló la mesa N°4 conformada por Carlos Bazán Puelles, representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica (ALAFAL) y Giselle Ojeda Botteri, Associate Director Market Access- Oncology de MSD.
En la realización del foro se permitió conocer los desafíos y retos que presentan las entidades que elaboran evaluaciones de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica, así como las estrategias que vienen siendo aplicadas en el país.
Cabe destacar que, en el Perú, el conflicto de intereses, se encuentra normado a través de la ley N° 31227, ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos y su reglamento.