#DeVueltaAlCole: Indecopi fiscaliza que colegios privados a nivel nacional cumplan sus obligaciones

A pocas semanas del inicio del año escolar 2023, y como parte de su campaña #DeVueltaAlCole, el Indecopi, a través de su Dirección de Fiscalización y oficinas regionales, inició las fiscalizaciones a los colegios privados a nivel nacional, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y así garantizar un servicio idóneo.

En ese sentido, se fiscalizarán 641 colegios privados a nivel nacional, de los cuales, 390 serán fiscalizados de manera orientativa, con el objetivo de identificar posibles incumplimientos y, posteriormente, corrijan posibles conductas infractoras de manera oportuna, adoptando las acciones de mejora que correspondan.

Los 251 colegios restantes serán fiscalizados de manera clásica para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otros criterios, estos colegios fueron elegidos debido a que no evidenciaron un cambio de conducta pese a haber sido alertados de posibles infracciones en el 2022. En caso se verifiquen incumplimientos, los Órganos Resolutivos del Indecopi podrán iniciar un procedimiento sancionador e imponer multas de hasta 450 UIT, es decir S/ 2,227,500.

Estas acciones iniciaron en simultáneo en tres colegios de Lima: “Colegio San Vicente de Paul” del distrito de La Molina; “Colegio Euler” en Ate; y “Colegio Juan Espinoza Medrano”, en el distrito de Villa el Salvador.

En el marco de sus competencias, la Dirección de Fiscalización del Indecopi verificó si los colegios cumplen sus obligaciones relacionadas a:

Para reportar un hecho irregular o alguna afectación directa contra sus derechos, inclusive de manera anónima, los padres de familia pueden escribir al correo electrónico: colegios@indecopi.gob.pe.

Asimismo, pueden presentar un reclamo y promover una solución directa con el colegio a través de los siguientes canales de atención:

“#DeVueltaAlCole” es una campaña informativa que busca empoderar a la ciudadanía, en especial padres y madres de familia con hijos en edad escolar de colegios privados, sobre sus derechos como usuarios del servicio educativo; e informar a los proveedores sobre sus obligaciones, establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.