El Indecopi impulsó política que coloca al ciudadano al centro de sus servicios bajo un enfoque descentralizado e intercultural

El Indecopi, en su Memoria Institucional 2021 aprobada por su Consejo Directivo, destaca las acciones encaminadas a colocar a los ciudadanos, emprendedores y consumidores al centro de sus servicios para contribuir con su reactivación económica desde una óptica de descentralización, intercultural e inclusiva. Así como, la labor a favor del fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor.

Los pilares de la política institucional se basan en la integridad y transparencia y se ejecutan mediante las competencias en los campos de protección al consumidor, libre competencia y propiedad intelectual, que impactan en la economía del país.

Las diferentes acciones realizadas en esa línea durante el 2021 se dan a conocer en la memoria institucional, edición digital, con un lenguaje didáctico y ágil, apoyado de gráficos y estadísticas. Se puede acceder a este documento a través de este enlace: https://bit.ly/3PFrIA7

Asimismo, en el campo de la protección del consumidor, informa su estrategia para la protección del consumidor mediante el fortalecimiento del Centro Especial de Monitoreo (CEMI) como prevención. Por esta vía se atendieron a 145 168 personas, permitiendo identificar posibles vulneraciones a sus derechos y agilizar nuestros tiempos de respuesta como Autoridad de Consumo.

Asimismo, el documento informa que se registraron más de 110 800 reclamos en los Servicios de Atención al Ciudadano a nivel nacional y concluyeron 112 500 reclamos. En cuanto a la defensa de las decisiones que tomaron las áreas resolutivas y que fueron apeladas ante el Poder Judicial, se logró que el 97.88% de los procesos concluyan de manera favorable a la institución y se participó en la elaboración de proyectos para mejorar el marco normativo que regula las funciones de los órganos resolutivos institucionales.

Sobre la labor de fiscalización, inició 1445 fiscalizaciones de protección al consumidor y represión de la competencia desleal, focalizadas en sectores sensibles para la ciudadanía. Por ejemplo, 250 fiscalizaciones a colegios privados, identificando que 15 colegios habrían cobrado un exceso total de S/ 2 984 143 en las pensiones escolares de 2020, monto que debería ser devuelto a los padres de familia.

Con relación a la propiedad intelectual, gracias al intenso trabajo de promoción y asesoría de los beneficios del sistema de signos distintivos, logró la presentación de 42 605 solicitudes de registro de marcas, cifra histórica desde la creación del Indecopi.

En cuanto a competencia, resolvió el primer caso de “descuentos engañosos”, aprobando un Precedente de Observancia Obligatoria por el cual las promociones de ventas deben ser excepcionales y temporales y los descuentos anunciados deben ser calculados de acuerdo a la oferta ordinaria o estándar. De otro lado, inició de oficio un procedimiento en materia de salvaguardias para proteger a la industria nacional de confecciones ante el incremento masivo de importaciones.

A nivel internacional, participó en la sexagésima segunda serie de reuniones de las asambleas OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), donde su presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín suscribió el Convenio Marco de Cooperación con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia. En el marco de la Red Latinoamericana de PI y Género Perú, asumió la presidencia Pro Tempore y Secretaría Técnica por dos años, y logró la adhesión de varios países como Argentina, República Dominicana, Uruguay y Ecuador, entre otros.

A pesar de las limitaciones por la crisis sanitaria, brindó 233 181 orientaciones a nivel nacional, capacitó a 35 408 personas, apoyando la reactivación económica en las regiones. Presentó las iniciativas “Ruta del Éxito” y “Ruta Segura” para brindar asesoría a los micro y pequeños empresarios, productores y emprendedores en general, así como para recuperar y activar al sector turismo, afectado por la pandemia. Instauró el protocolo de atención a los usuarios en lenguas originarias como parte de la política inclusiva y con un enfoque intercultural.

También, consiguió que 50 entidades de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes eliminen voluntariamente 3452 barreras burocráticas que afectaban principalmente los sectores de construcción, infraestructura de telecomunicaciones, transporte, actividades comerciales y educación.