Presidente del Indecopi solicita a Contraloría investigue a la Sala de Defensa de la Competencia por posible conflicto de intereses

Nota de Prensa
En el caso Bimbo.

18 de octubre de 2021 - 4:38 p. m.

Julián Palacín Gutiérrez, presidente ejecutivo del Indecopi, ha solicitado al Órgano de Control Institucional (OCI) de esta entidad, un procedimiento de evaluación y fiscalización de las Declaraciones Juradas de Intereses de los vocales y comisionados de todos los órganos resolutivos designados en gestiones anteriores, “especialmente durante la gestión del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y del premier Fernando Zavala”, pues podrían estar incursos en posibles conflictos de intereses.
 
Esto tras darse a conocer la resolución 0134-2021/SDC-Indecopi, Expediente 205-201-CCD de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) –órgano resolutivo del Indecopi que cuenta con autonomía frente a la Presidencia Ejecutiva y su ámbito administrativo–, que concluyó que la empresa Bimbo no infringió el principio de legalidad al no estar obligada a consignar la advertencia publicitaria u octógono sobre grasas trans en su producto “pan blanco sin bordes”. Como ya es de conocimiento público[i], la SDC, amparándose en las normas de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA), resolvió que el mencionado producto pueda presentarse al mercado con un contenido de “0 g.” de grasas trans. 
 
Uno de los aspectos que ha generado críticas es que la SDC está integrada, entre otros miembros, por Silvia Hooker, también gerenta de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien votó a favor de levantar la multa al considerar que la Ley peruana y el Manual de Advertencias Publicitarias “no precisan parámetros para las grasas trans” y que en su lugar aplicó lineamientos de la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos”. 
 
“Si bien las Salas son autónomas de acuerdo con la Ley, lo que me impide modificar o anular cualquier decisión emitida por los órganos resolutivos, eso no me imposibilita tener mi propio criterio sin tener que pronunciarme sobre el fondo de la controversia”, indicó el ejecutivo.  
 
El presidente del Indecopi también señaló que, aunque la resolución en cuestión se expidió cuando ni siquiera se había culminado con su proceso de transferencia, exactamente a cinco días de haber asumido funciones, eso no ha impedido que al enterarse de esta decisión haya requerido información respecto a dicha decisión. 
 
Como resultado de ello, se encontró que ya existía una denuncia por conflicto de intereses que viene siendo materia de evaluación por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
 
“Por eso, según la Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública, he solicitado que esta concluya en el menor plazo posible, con el propósito de proceder a imponer la sanción que corresponda de acuerdo con Ley”, señaló Palacín. “Asimismo, he dispuesto, a propósito de la denuncia consignada en el Diario La República, que también se remita esta nueva denuncia a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de la PCM, para que proceda en el marco de sus competencias a determinar las posibles responsabilidades administrativas que hubiere”, agregó.
 
Al respecto, el presidente de la entidad también mencionó que, al parecer, los Consejos Directivos del Indecopi que lo precedieron desde el 2017 habrían propuesto designar a través de resoluciones supremas, a servidores públicos por períodos de 5 años, quienes serían los encargados de expedir este tipo de resoluciones[1] “en las que se podría evidenciar que estarían siendo juez y parte, lo cual no permitiré en mi gestión”.
 
Por otro lado, respecto de la facultad que tiene la Contraloría General de la República de fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de Autoridades, Funcionarios y Servidores Públicos, el ejecutivo indicó que pedirá a la Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional de Indecopi, que inicien un procedimiento de evaluación y fiscalización de todas las designaciones realizadas durante los gobiernos anteriores, a fin de determinar si existen vocales o comisionados que podrían incurrir en conflictos de interés por mantener nexos con empresas u organizaciones que tendrían particular interés en las decisiones que se adoptan en los órganos resolutivos del Indecopi. Cabe precisar que es de competencia de la Contraloría General de la República determinar las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso corresponda.
 
El presidente del Indecopi consideró que la Contraloría tiene todas las facultades para investigar estas posibles incompatibilidades que violarían los artículos 1 y 6 de la Ley 27815 y demás concordantes, con posibles implicancias penales. “Por otro lado, sostendré reuniones con Vocales del Tribunal del Indecopi para que, ante la problemática planteada en los medios de comunicación, evalúen uniformizar un criterio a través de un precedente de obligatorio cumplimiento, a fin de que las decisiones que adopten los Resolutivos siempre estén en el marco legal vigente y en favor de los consumidores que somos todos los peruanos” indicó.
 
“Asimismo, he dispuesto que se efectúen las acciones necesarias a fin de contar que un marco legal idóneo que permita que el acceso a los cargos de vocales y comisionados se efectúe por concurso público y que su desempeño sea a tiempo completo y que ya no sean dietarios, con lo cual se evitaría potenciales conflictos de intereses por parte de estos”, agregó.
 
Llamado a las Asociaciones de Consumidores
Finalmente, Palacín Gutiérrez hizo un llamado a los diferentes actores sociales y públicos a combatir la corrupción respetando la verdadera autonomía técnica de la institución que preside, que debe garantizar el libre mercado y la defensa de los consumidores. “Invocamos a las asociaciones de consumidores que pongan de conocimiento de esta Presidencia los casos de posibles conflictos de intereses con los medios probatorios para correr traslado a la PCM; de esta manera se podrán iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes cuando hubiera lugar, determinando si existe connotación penal, ya que en mi gestión no se permitirán estos conflictos de intereses de servidores públicos que tiene que estar al servicio del país y no de los intereses privados”, concluyó el ejecutivo.
 
Lima, 18 de octubre de 2021