Comunicado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), comunica a la opinión pública lo siguiente:

· El pasado 17 de marzo del 2021, el congresista José Luna Morales del grupo parlamentario Podemos Perú, ingresó a trámite el proyecto de ley N° 7362/2020-CR, Proyecto de Ley para consolidar las facultades del Indecopi en Defensa del Consumidor y de la Producción Nacional.

· El mencionado proyecto de ley tiene como objetivo otorgar a esta institución la capacidad técnica de aplicar Salvaguardias para proteger al consumidor y la producción nacional.

· Asimismo, señala que la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo 020-98-ITINCI, no puede cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB), que ha recomendado imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico.

· Al respecto, se debe señalar que las competencias del Indecopi, enmarcadas en el Decreto Supremo 020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo 017-2004-MINCETUR (Reglamento sobre Salvaguardias), se circunscriben al procedimiento de investigación para efectuar el análisis técnico para la aplicación de las medidas de salvaguardias, concluyendo con la emisión de un informe que recomienda aplicar o no tales medidas.

· En ese sentido, es la Comisión Multisectorial el ente que tiene dentro de sus competencias la función de aplicar o no las medidas de salvaguardias atendiendo a la necesidad de mantener una coherencia entre las distintas políticas económicas, comerciales y sectoriales, para lo cual debe considerar a su vez el interés público y los efectos de esas medidas en la economía y las relaciones comerciales de nuestro país a nivel global.

· Por tal motivo, invocamos a las autoridades legislativas reconsiderar la aprobación de este proyecto de Ley, pues requiere de un análisis técnico más riguroso, que tome en cuenta no solo la opinión de las respectivas partes involucradas, sino también las implicancias para el país, además de la consideración de su pertinencia económica.