Las penalidades aplicadas a nuestros proveedores están orientadas a garantizar el cumplimiento de contratos de bienes y servicios, asegurando la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión pública. Estas sanciones económicas se imponen cuando nuestros proveedores incumplen plazos de entrega, especificaciones técnicas o requisitos administrativos establecidos en las órdenes de compra y servicio.