Consejo Nacional de Educación

En nuestra condición de organismo autónomo del Sector Educación, especializado en la construcción de políticas educativas, y en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 81 de la Ley General de Educación y dispositivos conexos, expresamos nuestra posición firme y contraria a la creación de 40 institutos de educación superior tecnológicos públicos, que se viene promoviendo desde el Congreso de la República a través del predictamen que agrupa 45 proyectos de ley orientados a la creación de 40 nuevos institutos públicos, que se suma a otras iniciativas legislativas dirigidas a la creación de nuevas universidades públicas.

Es importante señalar que, según fuentes estadísticas del Ministerio de Educación, actualmente existen 367 institutos tecnológicos públicos en el país, de los cuales actualmente solo 21 de ellos cuentan con resolución de licenciamiento, lo que significa que apenas el 5.72 % del total reúne condiciones básicas para funcionar. Además, el 94.28 % del total de institutos públicos no disponen del presupuesto suficiente para garantizar siquiera los recursos mínimos indispensables para ofrecer un servicio educativo de calidad.

El CNE ha elaborado un informe sobre la situación en la que se encuentran los institutos de educación superior públicos del país en relación con las condiciones mínimas para su funcionamiento, incluyendo su contexto, características y recomendaciones, alertando la crisis por la que atraviesan estas instituciones educativas, cuyo número se pretende aumentar.

Por tanto, de aprobarse esta medida legislativa en el Pleno del Congreso, los 40 nuevos institutos nacerían sin un presupuesto asignado ni un estudio técnico que justifique su creación en función de la oferta educativa, la demanda profesional y las necesidades del mercado productivo y laboral en cada ámbito territorial donde se establecerían.

Ante esta situación y reiterando nuestra posición contenida en el pronunciamiento del 26 de diciembre de 2024, el CNE exhorta, una vez más, al Congreso de la República a reconsiderar estas propuestas de ley que afectarían gravemente el desarrollo de la educación superior pública del Perú.