Consejo Nacional de Educación

La educación no es una isla ajena a la realidad nacional.  La creciente protesta social y la respuesta gubernamental a la misma afectan su funcionamiento y la posibilidad de lograr algunos de sus propósitos principales, como son la formación ciudadana, la inclusión social con equidad y la convivencia democrática, la paz social y el respeto a la vida como derecho fundamental, como señala el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

El Consejo Nacional de Educación condena la represión desproporcionada ejercida por las fuerzas del orden, que desde el 7 de diciembre hasta la fecha ha ocasionado 48 víctimas mortales y cientos de heridos entre manifestantes y personas inocentes del sur andino, incluyendo adolescentes y jóvenes, y expresa su solidaridad a los heridos y a los familiares de las víctimas de la acción represiva.  Solicita al Ministerio Público y el Poder Judicial que actúen con celeridad e imparcialidad en la investigación y eventual procesamiento a los responsables.

Basados en los derechos que nuestra Constitución consagra, el CNE exige al gobierno el cese de las acciones represivas que han ocasionado la muerte de ciudadanos y priorice el diálogo con los manifestantes. Asimismo, demanda a las fuerzas del orden que actúen de manera prudente, respetando la vida y los derechos fundamentales de la población.

Con similar énfasis, el CNE condena el vandalismo y la violencia ejercida por algunos manifestantes y personas antisociales en el contexto de las protestas, y se solidariza con los policías que han sido víctimas de esos actos delictivos y con sus familias.  Conmina a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, así como identificar y denunciar a quienes cometen delitos o estimulan la violencia.

Finalmente, el CNE invoca a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a priorizar las decisiones que sean necesarias para asegurar que las elecciones generales y la renovación de las autoridades nacionales se realicen en el plazo más corto que sea posible. El anuncio de una hoja de ruta democrática y constitucional contribuirá a recuperar la paz social y a la normalización de las actividades productivas y educativas.