Consejo Nacional de Educación

Este pasado 20 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado que declarará infundada una de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, demanda que fue presentada por un grupo de congresistas, incluyendo a varios de los que la promovieron y aprobaron inicialmente, con intencionalidades que resultan cuestionables. 

Como es de conocimiento de la opinión pública, en julio de este año el Congreso de la República aprobó por insistencia dicha norma, que debilita la independencia y eficacia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y reduce considerablemente la rectoría del Ministerio de Educación sobre dicho nivel del sistema educativo.  

Desde su promulgación, la misma SUNEDU, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones y personalidades ciudadanas convocadas por Foro Educativo han iniciado procesos y demandas de amparo e inconstitucionalidad que continúan en curso. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación (CNE) se ha pronunciado y levantado alertas reiteradas sobre los proyectos de ley y la norma finalmente aprobada, además de participar en espacios de análisis y debate sobre los mismos.   

Ante esta situación, mientras se emite y publica la Resolución correspondiente, el CNE considera oportuno reiterar algunos contenidos de sus pronunciamientos previos, tales como el emitido en noviembre del 2021, recordando que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 señala que “la libertad de las instituciones para tomar decisiones requiere de mecanismos de supervisión conducidos por una instancia independiente de los propios supervisados, para constituirse en un contrapeso y garantizar que las instituciones educativas funcionen atendiendo condiciones mínimas de operación tanto en el plano material como inmaterial”.

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Asimismo, en febrero del presente año, invocó al Congreso a evitar retrocesos en el fomento y aseguramiento de la calidad de la educación universitaria, advirtiendo que la ley en cuestión recortaba el ámbito de la rectoría del Ministerio de Educación, “lo que le impediría continuar con las acciones de fomento e instrumentos de política pública que ha venido desarrollando de la mano de las universidades, que han permitido la mejora de la calidad académica y gestión de las mismas, y también la continuidad de trayectorias educativas de muchos estudiantes durante la pandemia”.

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Posteriormente, en el mes de mayo emitió un  tercer comunicado “En defensa de la calidad de la educación universitaria”, en el cual manifestaba que “los cambios legales aprobados por el Congreso son contrarios al interés público y solicita al Poder Ejecutivo que observe de inmediato la ley”; e invocaba al Minedu y la comunidad educativa a “poner en marcha todas las medidas legales, constitucionales y políticas que sean necesarias para detener este duro golpe a la educación universitaria y a nuestro país”.

Lee aquí Comunicado del CNE | En defensa de la calidad de la educación universitaria

Por último, en el mes de junio, exhortó a las señoras y señores congresistas de la República a no insistir en la aprobación de la autógrafa de la ley eufemísticamente denominada “Ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas”, por considerar que limitaba significativamente la capacidad del Estado para promover, supervisar y regular de manera técnica e independiente la calidad de la educación universitaria, llamado que fue ignorado cuando se aprobó por insistencia a mediados de año. 

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Mientras esperamos que la Resolución del Tribunal Constitucional sea hecha pública, confiamos en que habrá tenido en cuenta estas preocupaciones que son compartidas por los numerosos actores y sectores de opinión pública que comparten nuestra apuesta por una educación universitaria de calidad para todas y todos los jóvenes y adultos que opten por ese camino de formación de nivel superior en nuestro país.