¿Qué es la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)?

Procesos

Las entidades públicas implementan la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas con los siguientes procesos:

  1. Estimación del riesgo: comprende las acciones y procedimientos que buscan generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
  2. Prevención del riesgo: comprende las acciones cuyo fin es evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
  3. Reducción del riesgo: comprende las acciones cuyo fin es reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes, en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.
  4. Preparación: son las acciones de planeamiento, desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, establecimiento y operación de la Red Nacional de Alerta Temprana y de gestión de recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro inminente, con el objetivo de tener una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y la ciudadanía.
  5. Respuesta: es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, ya sea inminente o recién ocurrido.
  6. Rehabilitación: son las acciones destinadas a restablecer los servicios públicos básicos indispensables e iniciar la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o desastre.
  7. Reconstrucción: son las acciones que buscan establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas.

Todas las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de incluir en sus actividades institucionales los componentes y procesos de la GRD, siguiendo los mecanismos e instrumentos pertinentes.