Programa de Recompensas

El Programa de Recompensas es un mecanismo contenido en la Ley de Libre Competencia que faculta a la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (antes Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia) a otorgar retribuciones económicas a favor de aquellas personas que brinden información determinante para detectar, investigar y sancionar cárteles. El Programa de Recompensas está contenido en el artículo 28 del TUO de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

De forma complementaria al Programa de Clemencia, el Programa de Recompensas contribuye a la detección de cárteles ofreciendo incentivos para que las personas que hayan accedido a información que permitan detectar, investigar y sancionar cárteles, la proporción a la autoridad, pudiendo obtener por ello una recompensa económica. El Programa de Recompensas también busca disuadir a los agentes económicos de incurrir en cárteles, ante el temor de que alguna persona natural que posea información sobre su actividad ilegal recurra a la autoridad y proporcione las pruebas de la existencia del cártel.

La desarticulación y disuasión de cárteles tiene como finalidad permitir a los consumidores contar con mejores productos y servicios, mayor cantidad de opciones para elegir y el acceso a precios más bajos. Pueden postular al Programa de Recompensas personas que hayan accedido a información que permita a la autoridad detectar, investigar y sancionar un cártel. La persona que solicite una recompensa deberá colaborar con la Dirección durante la investigación.

Importante
  • El Proyecto de Lineamientos del Programa de Recompensas prevé que dependiendo del cártel investigado y el nivel de colaboración prestada, el otorgamiento de hasta S/ 400,000.00 como recompensa económica a la persona que brinde información determinante para detectar, investigar y sancionar cárteles.
  • El Programa de Recompensas garantiza la reserva de la identidad de las personas que colaboren con la autoridad. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en los funcionarios las responsabilidades administrativas y penales previstas en la ley.