Procedimiento Administrativo Sancionador

Descripción

La Contraloría tiene la potestad de sancionar la responsabilidad administrativa funcional y separar temporalmente de la administración pública a servidores y funcionarios que cometan infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo sus deberes y ocasionando perjuicio al Estado.

Este proceso llamado Procedimiento Administrativo Sancionador – PAS fue reglamentado a través de la Resolución N° 166-2021-CG y se realiza en dos instancias:

  • Primera instancia:
    • El órgano instructor realiza las investigaciones y propone las infracciones y sanciones.
    • El órgano sancionador impone o desestima las sanciones propuestas.
  • Segunda instancia:
    • El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.

Sanciones

El procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional contempla la sanción de inhabilitación que se aplica según la gravedad de la falta:

  • Grave: se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo no menor de 60 días hasta máximo 1 año.
  • Muy grave: se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo no menor de 1 año hasta máximo 5 años.

Alcances de la potestad sancionadora:

  • Las presuntas infracciones administrativas graves y muy graves se identifican en los informes de control posterior y comprende solo aquellos hechos cometidos o culminados a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.
  • Luego de ello la Contraloría podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador donde se respetará el debido proceso, el que incluye el derecho a la defensa, los principios de legalidad y tipicidad, entre otros, conforme lo señala la ley.

Conductas infractoras pasibles de sanción

Existen 32 conductas infractoras tipificadas en la Ley N° 31288, entre ellas:

  • Autorizar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o por la normativa aplicable.
  • Actuar en forma parcializada en contratos, licitaciones o cualquier otro procedimiento en que participe como parte de su función, dando lugar a un beneficio, propio o de terceros.
  • Usar los bienes o recursos públicos incumpliendo las normas que regulan su uso.
  • Percibir doble remuneración en el sector público.
  • Incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley que ocasionen que el Estado no brinde algún servicio o no entregue un bien, subsidio monetario o prestación económica.