Es una unidad orgánica encargada de brindar asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad y en los casos en que la ley así lo señale, que tienen la condición de investigados, denunciados, procesados, acusados, sentenciados, inclusive a los adolescentes en conflicto con la ley penal.

La asesoría se realiza a pedido del ciudadano o por solicitud de las autoridades judiciales, fiscales o policiales, según corresponda.

En los casos de los sentenciados, la Dirección de Defensa Pública Penal, a través de los defensores públicos penales, brinda el servicio gestionando el cumplimiento de sentencias, rehabilitaciones, derechos de gracia, entre otros.

Depende jerárquicamente de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.