Ministro Alcántara anuncia reforzamiento de la lucha contra el lavado de activos con nueva política nacional al 2030
Nota de prensa
13 de junio de 2025 - 9:56 p. m.
La estrategia aprobada por el Ejecutivo busca blindar la economía frente al crimen financiero, reducir el riesgo del ingreso de dinero ilícito y fortalecer la justicia con enfoque preventivo y educativo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles el Decreto Supremo que oficializa la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una estrategia integral que coloca al Perú a la vanguardia de la lucha internacional contra el crimen financiero.
La medida, que responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), busca blindar la economía nacional frente al ingreso de dinero ilícito, prevenir la infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones del Estado y reforzar la legitimidad democrática.
El titular de Justicia señaló se trata de una estrategia con enfoque preventivo, territorial y multisectorial, que involucra a todo el aparato estatal y al sector privado. La política no solo ataca las fuentes del lavado de activos, sino que incorpora componentes de educación ciudadana y formación especializada para fiscales, jueces y policías.
“La relevancia de esta política radica en que es un instrumento integral, no exclusivo del Ministerio de Justicia, y apunta a evitar el crecimiento de organizaciones criminales que socavan al Estado”, señaló el ministro. Asimismo, proyecta que al año 2030 se habrá reducido significativamente la incidencia del lavado de activos, disminuyendo su impacto en la economía nacional y en la vida de los ciudadanos.
Entre sus cuatro objetivos principales, la política busca reducir comportamientos que podrían constituir actos de lavado de activos por desconocimiento, mejorar la prevención desde la etapa escolar en coordinación con el Ministerio de Educación, y reforzar la relación entre el Estado y la empresa privada para frenar la circulación de capitales ilícitos.
En otro momento, el ministro también se refirió a la conformación de una comisión multisectorial que evaluará la posibilidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aclaró que no se trata de una decisión de retiro, sino de una convocatoria abierta y técnica donde participarán el Ejecutivo, el Congreso, la academia y otras instituciones.
“No se ha tomado ninguna decisión de salida. Se trata de un espacio que nos permita una decisión adecuada”, remarcó Alcántara.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, anunció que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles el Decreto Supremo que oficializa la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una estrategia integral que coloca al Perú a la vanguardia de la lucha internacional contra el crimen financiero.
La medida, que responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), busca blindar la economía nacional frente al ingreso de dinero ilícito, prevenir la infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones del Estado y reforzar la legitimidad democrática.
El titular de Justicia señaló se trata de una estrategia con enfoque preventivo, territorial y multisectorial, que involucra a todo el aparato estatal y al sector privado. La política no solo ataca las fuentes del lavado de activos, sino que incorpora componentes de educación ciudadana y formación especializada para fiscales, jueces y policías.
“La relevancia de esta política radica en que es un instrumento integral, no exclusivo del Ministerio de Justicia, y apunta a evitar el crecimiento de organizaciones criminales que socavan al Estado”, señaló el ministro. Asimismo, proyecta que al año 2030 se habrá reducido significativamente la incidencia del lavado de activos, disminuyendo su impacto en la economía nacional y en la vida de los ciudadanos.
Entre sus cuatro objetivos principales, la política busca reducir comportamientos que podrían constituir actos de lavado de activos por desconocimiento, mejorar la prevención desde la etapa escolar en coordinación con el Ministerio de Educación, y reforzar la relación entre el Estado y la empresa privada para frenar la circulación de capitales ilícitos.
En otro momento, el ministro también se refirió a la conformación de una comisión multisectorial que evaluará la posibilidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aclaró que no se trata de una decisión de retiro, sino de una convocatoria abierta y técnica donde participarán el Ejecutivo, el Congreso, la academia y otras instituciones.
“No se ha tomado ninguna decisión de salida. Se trata de un espacio que nos permita una decisión adecuada”, remarcó Alcántara.