Maico Eduar Potocino Ochoa

Abogado con sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público, especializado en gestión pública, derecho administrativo, derecho penal y procesal penal, derecho constitucional y derechos humanos, gestión y resolución de conflictos sociales. Egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y egresado de la maestría en Gestión Pública por la Universidad Autónoma del Perú. Ha realizado cursos de especialización y diplomados en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Gestión y resolución de conflictos sociales; Gestión de recursos humanos para la generación de valor público, por Servir; Contrataciones del estado dentro del marco de la nueva Ley N° 32069; Derechos de los administrados en el procedimiento administrativo; Auditoría y control gubernamental; Gestión publica para gobiernos regionales y locales; Delitos de corrupción de funcionarios; Derecho constitucional y procesal constitucional; Derecho administrativo dentro del TUO Ley 27444; Procedimiento administrativo sancionador (PAS) Y Procedimiento administrativo Disciplinario (PAD); Derecho de familia, derecho de menores y adolescentes infractores a la ley pena; Derecho penal y procesal penal; Derecho ambiental; Derecho laboral y beneficios laborales; Derecho tributario y procesal tributario
Derechos humanos y poblaciones vulnerables; Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; y participo en el curso practica sobre derecho internacional humanitario y uso de la fuerza en otras situaciones de violencia distintas a conflictos armados realizado por el Comité. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado funciones clave en la Defensoría del Pueblo, ejerciendo cargos como Coordinador, Abogado I, y Asistente Legal, acumulando más de 10 años de experiencia en labores de defensa de derechos, supervisión institucional y gestión y resolución de conflictos sociales. Destaca por su alto compromiso con la legalidad, la transparencia, la atención al ciudadano y la mejora continua en la gestión pública, demostrando liderazgo, criterio jurídico y vocación de servicio.