Defendamos el acceso al agua para todos los peruanos

Tenemos la misión de hacer respetar el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable”.

Bajo este principio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

1. Rechaza y deplora rotundamente el comunicado de Sunass, su contenido político y actitud antitécnica.

2. Reafirma que a través de la delegación de facultades no pretende regular las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento, ni afectar la autonomía del organismo regulador, único responsable de la fijación de tarifas.

3. Como ente rector tiene la obligación de establecer el marco normativo que garantice una equitativa y eficiente prestación de dichos servicios para todas las peruanas y todos los peruanos, situación que hoy no ocurre.

4. La modificación del DLeg. 1280 propone acabar con:

a. La fijación de tarifas por debajo de costos, con criterios políticos, que ponen en riesgo la sostenibilidad del servicio de agua y saneamiento.

b. El uso de los recursos fiscales en subsidios ineficientes que afectan a la población más vulnerable.

5. Para lograrlo, propone desarrollar:

a. Un sistema regulatorio moderno, basado en criterios internacionales y en la experiencia exitosa de otros reguladores nacionales.

b. Un esquema de subsidio cruzado equitativo, debidamente discutido, que permita que la población más vulnerable acceda a un servicio oportuno de agua segura y a tarifas justas.

6. Nuestra propuesta recoge lo afirmado por la OCDE (2021): “Las tarifas que cobran son insuficientes para recuperar costos”. También recoge la opinión del Banco Mundial (2023): “La mayoría de los proveedores no pueden cubrir los costos de operación y mantenimiento, ni invertir en mejorar sus sistemas, debido a las tarifas bajas que obedecen a razones políticas”.

Como sociedad debemos reconocer que el sistema en agua y saneamiento vigente ha fracasado. El momento de corregirlo ¡Es Ahora, Perú!