Ministra de Vivienda junto con alcaldes, sector privado, actores técnicos y sociales firman “Pacto por una Vivienda Digna”

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, junto con alcaldes, colegios profesionales, gremios empresariales y universidades firmaron el “Pacto por una Vivienda Digna”, con el objetivo de que familias de escasos recursos accedan a una vivienda formal con servicios de calidad y así cerrar la brecha habitacional en el país. 

 

La titular de Vivienda señaló que uno de los compromisos del Gobierno, que dirige la presidenta Dina Boluarte, es que más peruanos accedan a viviendas dignas, seguras y con servicios básicos; y que el acuerdo suscrito contribuye a lograr este objetivo, con el aporte del sector privado.

 

En ese sentido, destacó la presencia de alcaldes de diversos distritos de Lima y del interior del país que apuestan por promover las viviendas de interés social.

 

“Este pacto nos compromete a todos, y la mejor manera de demostrar ese compromiso es a través de las acciones, y a apostar por la vivienda social. Felicito a los alcaldes que van con esa visión de futuro, trabajaremos de la mano con ustedes para promover la vivienda social en sus distritos y en todos los distritos que el Perú necesita”, expresó la titular de Vivienda tras suscribir el documento.

 

Durante su discurso, la ministra Pérez de Cuéllar anotó que el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas, pero cada año esta cifra se incrementa alrededor de 142 mil viviendas, aproximadamente; sin embargo, sólo se generan 90,000 viviendas formales en promedio. “No podemos continuar más en esta situación. Necesitamos promover juntos más viviendas”, manifestó.

 

Sostuvo que para reducir la brecha es importante el esfuerzo y compromiso del Estado, del sector privado, autoridades locales y otros actores técnicos y sociales para impulsar proyectos habitacionales.

 

Destacó que, con ese fin, el pasado 13 de setiembre de este año se dio un paso importante con la aprobación del Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS), que brinda seguridad jurídica y marca un antes y un después en la construcción de viviendas sociales. El Reglamento VIS reconoce las competencias municipales en la zonificación y alturas de las edificaciones, pero promueve el desarrollo de proyectos de vivienda social.

 

Es así que por primera vez el Estado asume un rol promotor de suelo público para la construcción de viviendas sociales, con la identificación de 34 terrenos en el ámbito nacional, en los que se pueden construir 174 mil viviendas. Esta cartera se trabajará hasta el año 2025.

 

Refirió que en noviembre se ha convocado un primer proyecto Oasis de Villa, en Villa El Salvador, donde se construirán 118 viviendas y, en este mes se lanzará la convocatoria para una de las parcelas de la Nueva Ciudad de Olmos en Lambayeque, también conocida como Charles Sutton, donde se construirán, en esta primera etapa, 2710 viviendas.

 

La titular del MVCS anunció que para el 2024, el Gobierno tiene proyectado triplicar el número de viviendas construidas con la edificación de 136 mil viviendas urbanas y rurales, mediante la estrategia Wasiymi y con el aporte de las municipalidades, de gremios empresariales, de la banca y de los colegios profesionales.

 

“Con Wasiymi urbano construiremos aproximadamente 120 mil viviendas y con ello podríamos cerrar la brecha en 10.2%, mientras que en el ámbito rural se proyecta construir 16 mil viviendas, que cerrarán la brecha rural en 5%”, apuntó.

 

A través del pacto, las autoridades, los gremios inmobiliarios y los actores técnicos y sociales se comprometen a garantizar y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura que contribuya a cerrar la brecha habitacional, a través de la asignación presupuestal suficiente por parte del Poder Ejecutivo, priorizando a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, en el marco del crecimiento y desarrollo ordenado de nuestras ciudades. 

 

Asimismo, a generar predictibilidad y seguridad jurídica para que el sector privado participe e invierta en el desarrollo de proyectos de viviendas, contribuyendo, de esta manera, con la reactivación económica que nuestro país necesita.

 

También a trabajar, de manera conjunta, acciones contundentes contra la corrupción y las mafias de traficantes de tierras, ya que estos flagelos impiden que nuestra población tenga mayores oportunidades para contar con viviendas dignas, adecuadas y seguras, entre otros compromisos.