Gobierno aprueba norma que permite al Ministerio de Vivienda rehabilitar casas que quedaron inhabitables por atentado en Trujillo

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ya cuenta con el marco normativo necesario para brindar una atención integral a las familias damnificadas cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables por el atentado criminal ocurrido en Trujillo, el cual ha dejado varias viviendas con diferentes grados de afectación.

Mediante la modificación del artículo 4 del Decreto Supremo N.° 092-2025-PCM, se incorporó al sector entre las instituciones articuladoras en el marco del estado de emergencia en la ciudad, cuya prórroga inició el 8 de julio del presente año por un periodo de 60 días calendario

Con esta medida, el MVCS, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, podrá ejecutar trabajos de rehabilitación y restauración de las viviendas dañadas, además de entregar soluciones habitacionales temporales o definitivas a las familias cuyas casas resultaron inhabitables o destruidas.

“La normativa permitirá al Ministerio de Vivienda entregar bonos de arrendamiento de vivienda para emergencias (BAE) por un monto de S/500 durante 2 años”, explicó el titular del sector. Además, informó que se han identificado 4 viviendas con daños estructurales, para las cuales se gestionará un “bono de reforzamiento, entre 40 y 60 mil soles, para restituirlas a sus condiciones originales”, señaló el ministro Whittembury.

Como se recuerda, desde el primer día de ocurrido el evento, el ministro de Vivienda y las brigadas del sector estuvieron en el lugar recogiendo información de las casas afectadas, con el objetivo de iniciar las acciones para resarcir todos los daños ocasionados y gestionar bonos para restituir condiciones dignas de habitabilidad a las familias damnificadas.

El decreto supremo precisa que la implementación de estas medidas se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a la población y garantizar que las familias que sufrieron pérdidas materiales por los hechos de violencia en Trujillo puedan contar nuevamente con un hogar seguro y digno.