Madre de Dios: COFOPRI y la FAP unen esfuerzos para el saneamiento de terrenos de la Base Aérea de Puerto Maldonado
Nota de prensaSe realizará el diagnóstico técnico-legal de 1,370 hectáreas de los terrenos de la FAP, para delimitar la propiedad y abordar la ocupación informal.



Fotos: OGC
4 de julio de 2025 - 7:00 a. m.
En una decisión clave para afrontar un problema que se arrastra por décadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), iniciará el diagnóstico técnico-legal de los terrenos de propiedad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el sector La Joya, distrito y provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios.
El estudio permitirá identificar los derechos de propiedad existentes, así como las características físicas y jurídicas del área de intervención, que serán fundamentales para que el Ministerio de Defensa pueda establecer las condiciones necesarias que permitan iniciar un proceso ordenado de saneamiento físico-legal de sus terrenos.
Para llevar a cabo esta labor, Cofopri establecerá un centro de operaciones en la región de Madre de Dios, desde donde se coordinarán las acciones técnicas y logísticas para ejecutar el levantamiento topográfico georreferenciado de aproximadamente 1,370 hectáreas de terreno rústico perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, con el propósito de delimitar su propiedad.
Esta importante intervención es producto de las gestiones articuladas y continuas entre ambas instituciones que hoy se concretan en una intervención técnica de gran relevancia, financiada de forma exclusiva, como es el diagnóstico técnico-legal para la delimitación del terreno.
Así, el diagnóstico técnico-legal constituirá un insumo fundamental para definir una hoja de ruta que permita identificar alternativas de solución frente a la ocupación existente en diversos sectores de este predio militar.
Con esta intervención, el MVCS, a través de Cofopri, aportará certidumbre, legalidad y transparencia, reafirmando su compromiso con la planificación territorial, la seguridad jurídica y la protección de los intereses del Estado, sin perder de vista la situación social de las familias involucradas.