Pronunciamiento
Ante el allanamiento de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; manifestamos lo siguiente:
1.- Rechazamos la incursión en forma de allanamiento al claustro universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día de ayer sábado 21 de enero de los corrientes, al violentarse la autonomía universitaria y los derechos de estudiantes de la residencia de la decana de América, ya que Intervenir una universidad pública, romper una puerta con la tanqueta y someter a los ocupantes con medidas agraviantes a su dignidad y derechos humanos, como enmarrocarlos en el piso, siendo lo más grave no permitir el derecho a ser asistidos por defensa técnica, no solo vulnera derechos de los ciudadanos que los pone en un estado de indefensión, sino también de los profesionales de derecho que ven afectados sus derechos como el ejercicio profesional y con ello afectación a otros derechos fundamentales que no están suspendidos con el estado de emergencia, lo que es preciso se corrija y sancione a los responsables de estos actos execrables.
2.- Si bien es cierto el Gobierno ha Decretado un Régimen de Excepción Constitucional como es el Estado de Emergencia, donde se suspenden las garantías de ciertos derechos; es decir, según la Doctrina Constitucional se suspenden las garantías, pero no los derechos constitucionales; es por ello que invocamos al Gobierno Nacional el respeto de los Derechos de los estudiantes y de toda la colectividad Sanmarquina.
3.- Que, la incursión en la UNMSM, en el estado de emergencia decretado por el Gobierno de turno, esta no ha respetado el principio de proporcionalidad y razonabilidad de una medida que se supone permita restablecer el normal desarrollo constitucional de las actividades de los ciudadanos, esto se ha realizado vulnerando los derechos fundamentales, que dicho sea de paso no estaban suspendidos, como i) el derecho a ser tratado con dignidad, “no ser enmarrocado”, 2) derecho a ser asistido por un abogado, en el entendido de permitir el libre ejercicio de la defensa técnica es decir presencia de un abogado en todo momento, y 3) la autonomía Universitaria, prueba de ello la CIDH, ha expresado su preocupación y rechazo a la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la universidad San Marcos y exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad de todas las personas, pronunciamiento al que se suma la UNAMAD.
4.- Es por ello, que expresamos nuestro rechazo contundente y categórico a la vulneración y afectación de la autonomía universitaria Principio y derecho de todas las universidades Públicas, reconocido en el artículo 18° cuarto párrafo de la Constitución, en el entendido de que las universidades tienen autonomía universitaria en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, principio y disposición constitucional que reconoce la Constitución a las universidades públicas, y que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto disponiendo lo siguiente; la declaración de un estado de emergencia como medio para contrarrestar los efectos negativos de una situación extraordinaria (…), no significa que durante su vigencia, el poder militar o policial pueda subordinar al poder constitucional respecto a la autonomía universitaria, es decir, no tiene como correlato la anulación de las potestades y autonomía de los órganos constitucionales , con lo mencionado por el Tribunal Constitucional, rechazamos la incursión policial ya que con ello, se ha afectado y vulnerado la Autonomía Universitaria de una de las casas de estudios más emblemáticas y representativas de nuestro país, accionar que podría extenderse y afectarse a otras universidades, lo que rechazamos en defensa del estado Constitucional de Derecho, el irrestricto respecto a la autonomía universitaria, de parte del gobierno.
5.- Por lo manifestado, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se solidariza con los todos miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se suma a los pedidos de la Comunidad Internacional, que se respeten todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y la autonomía Universitaria, de acuerdo y conforme a la constitución Política del Estado Peruano y la Carta Democrática Interamericana.