MIDAGRI impulsa la formalización rural y beneficia a más de 2,300 familias de Puno este año

Nota de prensa
Pequeños agricultores de Moho, Puno y Chucuito acceden a títulos de propiedad rural inscritos, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre sus tierras.
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14 de enero de 2026 - 12:13 p. m.

Lima, 14 de enero de 2026.- Durante el año 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), y en coordinación con el Gobierno Regional de Puno, logró la inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de 2,354 títulos de propiedad rural individual, beneficiando a igual número de familias dedicadas a la pequeña agricultura en las provincias de Moho, Puno y Chucuito.

En estas zonas de la región Puno, los productores desarrollan principalmente agricultura familiar altoandina, teniendo como principal cultivo la papa, además de quinua, cañihua, cebada, oca y olluco. Esta actividad productiva se complementa con la siembra de avena y alfalfa para la ganadería, así como con la producción de hortalizas destinadas tanto al autoconsumo como a los mercados locales.

Puno encabeza titulación rural

Desde el año 2021 hasta la fecha, la región Puno ha logrado la inscripción de 65,092 títulos de propiedad rural individual, posicionándose como la región con mayor número de títulos inscritos en el país en el marco del PTRT3 y consolidando de manera sostenida el proceso de formalización de la propiedad rural.

Al respecto, Rony Zegarra Córdova, director ejecutivo de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), entidad a cargo del PTRT3, destacó la importancia del trabajo articulado que se viene desarrollando en la región. “Este esfuerzo ha permitido brindar seguridad jurídica a más de 60 mil familias dedicadas a la pequeña agricultura. Seguimos trabajando para que más hombres y mujeres del campo accedan a sus títulos de propiedad de manera gratuita”, señaló.

Con estas acciones, el MIDAGRI reafirma su compromiso de promover la seguridad jurídica de la tierra como una política de Estado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias rurales y a fortalecer el desarrollo agrario sostenible del país.


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