MIDAGRI entregó títulos de propiedad a comunidades nativas de Ucayali

Nota de prensa
Tras dos décadas de espera, las comunidades Nueva Unión y Nueva Villasol accedieron a la titulación de más de 3 mil hectáreas de sus territorios comunales.
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13 de setiembre de 2025 - 10:24 a. m.

Ucayali, septiembre de 2025.- En un acto histórico para las comunidades nativas de la Amazonía, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales - Tercera Etapa (PTRT3) de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali, entregó títulos de propiedad comunal a dos comunidades del distrito de Iparía, en la provincia de Coronel Portillo.

Las beneficiarias fueron Nueva Unión, del pueblo konibo, y Nueva Villasol, del pueblo shipibo-konibo, que después de más de 20 años recibieron la titulación de sus territorios comunales. En total, se reconocieron más de 3 mil hectáreas de tierras de uso agrario, donde decenas de familias desarrollan cultivos de plátano, yuca y maíz, así como la crianza de gallinas y cerdos que fortalecen su seguridad alimentaria y dinamizan la economía local.

La ceremonia de entrega contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; y el director ejecutivo de la UEGPS, Rony Zegarra Córdova, quienes destacaron que este avance es un paso fundamental en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Desde 2023 a la fecha, el trabajo conjunto entre el PTRT3 y la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali ha permitido la titulación de 10 comunidades nativas en las provincias de Coronel Portillo, Purús y Atalaya, formalizando más de 20 mil hectáreas de tierras comunales en beneficio de alrededor de 400 familias dedicadas a la agricultura, el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y la ganadería de pequeña escala.

La formalización de tierras comunales no solo otorga seguridad jurídica a las comunidades, sino que también garantiza la protección de sus recursos naturales, su derecho al desarrollo sostenible y la consolidación de la presencia del Estado en favor de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

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