Más de 1,500 títulos de propiedad rural se entregaron en Cusco a familias campesinas

Cusco, julio de 2025.– Como parte de las acciones para garantizar la seguridad jurídica de los agricultores y promover el desarrollo del campo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en coordinación con el Gobierno Regional de Cusco, entregó más de 1,500 títulos de propiedad rural, beneficiando a familias de las provincias de Calca, Canas y Quispicanchi.

El acto de entrega se realizó este martes en la explanada de la laguna de Urcos, en la provincia de Quispicanchi, donde más de 600 familias campesinas recibieron sus títulos, un paso fundamental hacia la formalización de la propiedad de sus tierras.

Esta importante entrega forma parte del proceso liderado por el Midagri a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales del Perú - Tercera Etapa (PTRT3) de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), en estrecha articulación con el Gobierno Regional y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En total, se entregaron 1,500 títulos de propiedad individual en el distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi. Asimismo, se hizo entrega de títulos comunales a las comunidades campesinas Sausaya Punathalla (distrito de Kunturkanki, provincia de Canas) y Amparaes (distrito de Lares, provincia de Calca), tras años de espera por parte de sus pobladores.

Los beneficiarios se dedican principalmente a la pequeña agricultura familiar, con cultivos como maíz, papa, avena, habas, olluco y cebada, además de actividades ganaderas que incluyen la crianza de ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos.

“El compromiso para este año es lograr la entrega de más de cinco mil títulos en la región Cusco, los cuales se sumarán a los 3,853 títulos ya inscritos desde 2023 por el PTRT3, en coordinación con el Gobierno Regional y con el valioso apoyo de la Sunarp”, señaló Jorge Luis Matos Izquierdo, director ejecutivo de la UEGPS.

Este esfuerzo reafirma la voluntad del Estado por fortalecer la seguridad jurídica de los agricultores, garantizar el acceso formal a la tierra y seguir promoviendo un desarrollo agrario inclusivo, sostenible y con identidad territorial.