Centro de Estudios Constitucionales del TC organizó la conferencia internacional “Acceso a la información pública”

El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional (TC) desarrolló la conferencia internacional “Acceso a la información pública”, que tuvo como expositores al magistrado del TC, César Ochoa Cardich, y a la directora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes, en Colombia, Catalina Botero Marino.

En el evento académico, participaron como panelistas la directora (e) de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Fiorella Rodríguez Chávez; el presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), Felipe Johan León Florián; y el asesor jurisdiccional del TC, Luis Sáenz Dávalos.

El magistrado César Ochoa indicó que, a 23 años desde la primera publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los alcances de esta norma no han sido suficientemente difundidos, a pesar de que el acceso a la información es un derecho fundamental.

Por ello, explicó que son necesarios espacios de diálogo público porque el derecho de acceso a la información pública sigue siendo un tabú o un tema desconocido en el Perú, a pesar de ser relevante para la rendición de cuentas.

Aseveró que el TC es el órgano garante de este derecho cuando resuelve procesos de habeas data y también como entidad, es cumplidor de estos principios de transparencia y acceso a la información.

Por su parte, Catalina Botero indicó que la transparencia y el acceso a la información pública forman parte de los derechos fundamentales y tienen mayor jerarquía que el resto de derechos y sirven para ejercer el derecho de la rendición de cuentas, tal como lo establece el artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que expresa que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.

Comentó que hay funcionarios que quieren mantener la cultura de la opacidad, cuando debe primar el principio de buena fe para no ir en contra de la confianza del público y en contra de valores democráticos.

En tanto, Fiorella Rodríguez señaló que, tal como comentó Catalina Botero, existe la transparencia activa, que es la publicación que existe en los portales de transparencia estándar de las entidades públicas; y la transparencia pasiva, que es la respuesta a las solicitudes de acceso a la información que realizan los ciudadanos.

Destacó que, a fin de reducir los requisitos que todavía exigen algunas entidades públicas a las solicitudes de información, se buscará estandarizar los formularios de las plataformas web.

Mientras que Felipe Johan León aseguró que las entidades están obligadas a entregar la información que poseen, pero no está amparada la creación de información.

Detalló que entregar la información en la forma en que posee la institución colisiona con la finalidad del derecho constitucional de que sea accesible para que las personas puedan utilizarla.

Finalmente, Luis Sáenz manifestó que el acceso a la información pública supone una garantía de participación del ciudadano, donde la transparencia, en sentido activo, es transmitir información; y transparencia pasiva, dar respuesta a las solicitudes de información de la ciudadanía.

Aseveró que la información debe ser importante, relevante, trascendente. Eso es lo que deben entregar las entidades. No se trata de colocar información que no es relevante y que no es útil, sino la que contribuya al ciudadano. Acotó que la información debe ser dispensada en los términos que le resulte útil al ciudadano.

La actividad académica se desarrolló de forma presencial en la sede del TC, en San Isidro, y virtual mediante la plataforma Zoom y Facebook Live.

Lima, 09 de mayo de 2025

Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional