FISCAL CERPA DEJA EN LIBERTAD A CONDUCTOR QUE ATROPELLÓ A INSPECTOR DE LA SUTRAN EN PUNO

Ministerio Público no aplicó el proceso inmediato previsto en caso de flagrancia

En un acto atentatorio contra el principio de autoridad en el país, el Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Ramón, Dr. Wilbert Roberto Cerpa Quispe, ordenó la liberación -en tiempo récord- del conductor Johon Cahuana Serna (DNI: 44212427), quien atropelló a un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, a fin de evitar que su vehículo pesado de placa de rodaje Z4D-866 sea intervenido en el operativo de control realizado a la altura del puente Maravillas, kilómetro 1,298 de la carretera Juliaca - Cusco, en la región Puno.

"El Fiscal Serpa Quispe nunca culminó el procedimiento de investigación del accidente como lo señala la ley, pues sólo tomó la declaración del conductor que justificó el accidente por descomposición mecánica, sin considerar los testimonios de los inspectores de LA SUTRAN testigos del alevoso ataque", denunció la Superintendente Dra. María Jara Risco.

Asimismo, la Superintendente exhortó al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde a tomar acciones en este caso "porque sus representantes en el Ministerio Público de Puno actúan en contra de las autoridades". "La Fiscalía con su actuación en el atropello del inspector de LA SUTRAN contribuye a promover la impunidad en Puno", enfatizó.

María Jara insistió que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial debieron aplicar el Decreto Legislativo 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia por las evidencias del accidente.

LA SUTRAN a través de la Procuraduría Pública continuará con su lucha legal para que el conductor Cahuana Serna rinda cuentas a la justicia por el presunto delito de Violencia contra la Autoridad para Impedir sus Funciones con lesión grave -hecho que ha producido heridas graves al inspector y que ha puesto en riesgo su vida- por lo cual podría ser condenado a una pena privativa de la libertad entre 8 y 12 años.