Comunicado a la opinión pública

La SUNEDU, en cumplimiento de su función como ente autónomo, ratifica su compromiso con la supervisión de la calidad del servicio educativo superior universitario en el país; siendo el registro a cargo de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos - DIGRAT, declarativo y no constitutivo de derechos. Bajo esa premisa, hace de conocimiento de la opinión pública en general lo siguiente:

1. En el ejercicio de la autonomía e institucionalidad universitaria consagradas en el artículo 18° de la Constitución Política, así como en la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y en la Ley N° 31520, Ley que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, cuya constitucionalidad es ratificada por el Tribunal Constitucional (Sentencia Expediente N° 00008-2022-PI/TC), las universidades públicas y privadas del país, han presentado 2082 solicitudes de nuevas ofertas académicas, conforme al siguiente detalle:

2. Al respecto, un porcentaje de las casas de estudio superiores del país procedieron a convocar exámenes de admisión, e incluso, iniciaron el funcionamiento de la nueva oferta educativa superior universitaria; mientras que, en otros casos, se encuentran actualmente preparando los respectivos exámenes de admisión y el inicio de funcionamiento de la nueva oferta educativa superior universitaria.

3. Ante ello, el Consejo Directivo de la SUNEDU aprobó el nuevo Plan de Supervisión, a través del cual, se verificará que la nueva oferta educativa superior universitaria cumpla con las condiciones básicas de calidad y que esta, no afecte o no genere detrimento de la oferta educativa previamente licenciada. En caso la nueva oferta perjudique las condiciones básicas de calidad de la oferta licenciada, la SUNEDU llevará a cabo el procedimiento de fiscalización y sanción, según corresponda, hasta el cese del funcionamiento de la nueva oferta e, incluso, de la oferta licenciada.

4. La SUNEDU, exhorta a las universidades públicas y privadas del país, a ejercer su autonomía e institucionalidad de forma responsable y racional, respetando cabalmente el marco legal vigente y aplicable que garantice y salvaguarde las condiciones básicas de calidad exigibles a la educación superior universitaria.