Manuel Castillo Venegas: “La nueva Sunedu sí está trabajando por una universidad de calidad”

Soy natural del distrito de Morropón, provincia de Morropón, en el departamento de Piura. Mi madre fue docente y mi padre fue guardia civil, estudié la primaria en el Colegio Primario Prevocacional de Morropón y mis estudios secundarios los realicé en la Gran Unidad Escolar San Miguel de Piura. Además, estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, en su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas obtuve el título profesional de abogado. De adulto, me gradué de Doctor en Ciencias Ambientales y de Magister en Derecho Civil y Comercial, enla Universidad Nacional de Piura. De mi niñez,adolescencia, y juventud, puedo decir que ha sido muy feliz.

Las autoridades que lucharon contra la Ley 30220, lo hicieron porque desde que ésta empezó a debatirse, el año 2013, fue antidemocrática, y sin ninguna propuesta o sugerencia de los actores universitarios. La Ley 30220 no ha respondido cabalmente al cambio que se requiere para mejorar la calidad de la universidad. La Ley 30220 tuvo objetivos evidentemente políticos, incluidos cálculos eran electorales. Recordemos la aspiración releccionista de la pareja Humala – Heredia. Lamentablemente fue así.

En verdad, en los ocho años de vigencia la Ley 30220 no hemos tenido una propuesta coherente de calidad universitaria. Soy superintendente de Sunedu, y debo decir lo siguiente: El licenciamiento de las universidades fue autoritario, antidemocrático y en ningún momento existió un proyecto, una dirección para alcanzar la calidad. Lo que se hizo fue perseguir a la universidad. Se establecieron criterios domésticos, se impuso la inamovilidad de la universidad, pero nunca se proyectó su desarrollo. El militar que desinformaba y mentía, nunca pudo demostrar a qué universidad se refería. Solo fue un golpe para ganar a la opinión pública, y, lo que es más grave, se desactivó el sistema de acreditación de la calidad que en todos los países sigue un proceso que, a diferencia de nuestro país, nos regresó un proceso incipiente para la acreditación de la calidad.

Nunca se estuvo en contra de la Sunedu. Se cuestionó el carácter antidemocrático y las atribuciones que asumió, contrarias incluso a la propia Ley 30220. La ley no determinaba que todas las universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería y las tradicionales universidades deban volver a cero, quitarles la licencia y tramitar otra. La ley le daba a la Sunedu las funciones que tuvo el Conafu, para tratar si las universidades nuevas se mantenían, se les quitaba las licencias o se les daba otra oportunidad. La Sunedu impuso otro criterio y a todas las sometió a un proceso traumático, incidiendo en aspectos que nada tenían que ver con la calidad o la investigación.

Por supuesto, porque no todos respondían a un criterio de transparencia. Había que garantizar que los miembros respondan a lo que realmente buscaban las universidades, que era la calidad y su posicionamiento en el desarrollo nacional. Por ello, no era posible que los 3 miembros que representaban a las universidades que ya venían conformando la Sunedu, fueron elegidos en un reducido comité del Ministerio de Educación, cuyo riesgo de subjetividad y politización era latente, con lo cual se sumaban a los otros 4 miembros que también eran designados por el Ejecutivo. Con el cambio de la ley se buscaba un consejo directivo plural y con independencia de los gobiernos de turno, por lo cual esos 3 representantes sean elegidos democráticamente por los rectores de las universidades públicas y privadas y que otro de sus miembros sea designado por la sociedad civil a través de los colegios profesionales, así como la representación del sistema de acreditación, Concytec y un representante del Ministerio de Educación. Sólo así se impedía el control político de la Sunedu, y se aseguraba su independizaba del poder político de turno.

Los detractores, y aquellos que han sentido afectados sus intereses, llevan a cabo una campaña para impedir el cambio que la Ley 31520 había trazado. Entre todos los ataques, está aquello de la elección del superintendente. En primer lugar, los rectores de las universidades más antiguas, tanto públicas, como privadas, fueron autorizados por la ley para convocar a elecciones en el ámbito de sus universidades. En el caso de las públicas, la convocatoria de la rectora de San Marcos fue legítima y dentro de la ley. Se hizo las dos convocatorias y en la segunda se eligió con los asistentes al pleno eleccionario. Se había convocado a los 30 rectores de las universidades institucionalizadas. A propósito, la ciudadanía debe conocer que el superintendente anterior envió cartas notariales ilegales y autoritarias a cada rector con la finalidad de impedir su asistencia, lo cual era un delito y estuvo contra el cumplimiento de la ley. Sin embargo, gran parte de los rectores se sobrepusieron y acudieron a votar, eligiendo limpiamente a su representante de entre los candidatos que postularon. La elección fue legítima, altamente confiable, pese al clima de desconfianza que trató de imponer la anterior administración de Sunedu. Desde aquí, declaro que mi elección fue absolutamente legal, y me permito desagraviar a la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, que cumplió con su deber a pesar de las diversas amenazas.

Es absolutamente falso. Eso es parte de la anticampaña de los que aún siguen llorando por haber perdido la gallina de los huevos de oro. La actual directiva de la Sunedu sigue la línea que exige la nueva corriente de la universidad peruana, para alcanzar la calidad, pero con libertad, liderando los intereses del país y no de grupos interesados que hicieron de la Sunedu su agencia de empleos y su tesoro para financiar sus millonarias consultorías, como ya se denunció en su momento en el Congreso de la República e incluso el exministro Becerra lo señalo con información y valentía. Nosotros estamos trabajando por una universidad de calidad, que privilegie la investigación y que se incorpore en la línea del desarrollo estratégico de sus respectivas jurisdicciones. En cuanto a las universidades no licenciadas, desde que fuimos elegidos hemos precisado que no hay marcha atrás en cuanto a los criterios para el nuevo licenciamiento, estamos perfilando estándares más relacionados con las necesidades de la población, los objetivos estratégicos del gobierno nacional y los gobiernos Subnacionales. No puede haber universidad de espaldas a las metas y objetivos del Estado, de ahí que la calidad se esta mirando en esa dirección, independientemente de los cálculos políticos como en el pasado.

Existe una confusión en torno a la relación con el Ministerio de Educación. En principio, el sector educación es el área donde nos ubicamos todas las entidades relacionadas con el tema educativo, lo que se ha hecho es devolver la estructura del Estado que se tuvo hasta el 2014 en que se dio la Ley 30220. La Sunedu forma parte del sector educación, el Ministerio de Educación también forma parte del sector educación, el Sineace y el Instituto Peruano de Deporte forman parte del sector educación y así diversos organismos relacionados con la educación, tenemos plena independencia, pertenecemos al sector educación pero sin dependencia al Ministerio de Educación del cual somos pares; por supuesto, dispuestos a coordinar nuestras propuestas en aras de la política educativa del Estado peruano; es como el Banco de Reserva y la Sunarp, que pertenecen al sector economía pero no dependen del Ministerio de Economía. Aquí el problema responde a la forma como se impuso la Ley 30220 y por ello algunos exfuncionarios del Ministerio de Educación han estado confundidos y de paso que les ha gustado inmiscuirse en las instituciones autónomas como las universidades y se resisten a derogar sus resoluciones que emitieron en la etapa de intervencionismos de la Ley 30220 y aún se resisten a aceptar que esas normas de menor jerarquía ya han sido derogadas por la Ley 31520.

Creo que el trabajo es sumamente intenso, porque hay que gestionar en dos frentes, en el interno y el externo. En el primero, hay que recomponer los equipos de trabajo dentro de la entidad, en la medida que, como consecuencia de las actuales competencias de la Sunedu, al amparo de las modificaciones introducidas a la Ley Universitaria por la Ley N° 31520, corresponde modificar la estructura orgánica, las funciones de las Direcciones y los alcances de las respectivas atribuciones que se encuentran comprendidas en Reglamentos, directivas y lineamientos. Vea Ud., encontramos excesos como la intervención de la Sunedu en materia electoral de las universidades públicas, algo que había que corregir toda vez que colisionaba con la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política del Perú; encontramos además, el traslado de funciones originarias de diversas unidades orgánicas hacia otras, sin que para ello exista la respectiva modificación del Reglamento de Organización y Funciones, es decir, en la práctica se había modificado el ROF con una Resolución de Superintendencia cuando para tal efecto se requería de un Decreto Supremo. A esto, se suma que, cuando asumo el despacho de la Superintendencia, a fines de febrero de este año, encuentro que de aproximadamente 360 trabajadores bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (Régimen CAS a plazo indeterminado), ni 20 hacían trabajo presencial a tiempo completo. Esto es, era una entidad que literalmente, funcionaba “a distancia”; eso lo hemos ido cambiando, habida cuenta que desde el año pasado las entidades públicas (incluso las que brindan asistencia telefónica) se reintegraron al trabajo presencial, por eso hoy nuestro personal que realiza trabajo presencial supera el 70%. Por otro lado, en el frente externo, había que reconstruir las relaciones con todos los actores vinculados a la universidad peruana, pública y privada. No basta con atenderlos por correo electrónico o solo dirigirse a ellos cuando se les emplaza con una sanción. Mire usted, hay un sector de opiniones que pretenden distorsionar las funciones de la Sunedu, algo que verdaderamente sorprende porque hablamos de personalidades que se autoproclaman expertos en la materia. La Sunedu no es un organismo regulador, por algo muy simple, la Sunedu no regula el mercado ni fija la banda de precios de pensiones o de costos universitarios. Comparar a la Sunedu con Osiptel o con Osinergmin resulta un disparate que solo busca confundir a la opinión pública, por eso yo sugiero repasar los alcances de la Ley N° 29158. La Sunedu, con la Ley N° 30220, era un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación; hoy, por la Ley N° 31520 es un ente autónomo que supervisa que la oferta universitaria nacional cumpla con las condiciones básicas de calidad que la ley exige con el propósito de licenciar universidades y autorizar su funcionamiento, además de fiscalizar que dicha oferta autorizada y/o registrada mantenga en el tiempo dichas condiciones básicas de calidad. Asimismo, es necesario también escuchar a los rectores de las universidades públicas del Perú, para definir el estado situacional de la brecha que existe en las inversiones de infraestructura y en la investigación académica para organizar un plan macro para la recuperación de esa autonomía que no se puede lograr si no se les asignan los recursos necesarios. En ese sentido, asumimos el compromiso con las universidades públicas para llegar a otros niveles de gobierno para sensibilizar y hacer entender que no se puede exigir calidad sin entregar presupuestos acordes a dicha finalidad; por ejemplo, ante el MEF, con el que nos reunimos hace poco, y acordamos una serie de reuniones para concretar una mayor dotación de recursos para la investigación. En esa línea, también nos preocupamos por las justas reinvindicaciones remunerativas de los docentes universitarios, tanto de las universidades públicas como privadas; entendemos que el docente universitario es piedra angular para conseguir la calidad tan anhelada en la enseñanza universitaria; los laboratorios y las aulas no servirían de nada si no hay un docente preparado, capacitado y dignamente remunerado predispuesto a transmitir conocimiento sintiéndose valorado y comprometido con sus alumnos.