SUNEDU: proyectos que atentan contra la reforma universitaria buscan restablecer la impunidad

Los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se pronunciaron sobre el proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que afecta la Reforma Universitaria, una política de Estado, respaldada por la Ley Universitaria 30220.

En conferencia de prensa, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra Rojas, precisó que el dictamen en realidad esconde un propósito más oscuro, plagado de intereses, con el que se busca retornar a la época en que se produjo la mayor crisis de la Educación Superior Universitaria del Perú previas a la Ley 30220, en el que las universidades tenían licencia para actuar sin tener que dar cuentas a nadie, sin supervisión ni fiscalización de ningún tipo, excepto aquellas que por su calidad reconocida mantenían una buena gestión y están vigentes.

“Hay un común denominador en los que añoran aquellos años en que medraron de un estado de cosas inconstitucional en la estructura del sistema universitario, como dictaminó el Tribunal Constitucional, al que con iniciativas parlamentaria interesadas se pretende regresar: en el fondo existe un profundo desprecio por los estudiantes, estafándolos en su formación profesional, justamente a aquellos a los que se debe la existencia de una universidad por su deseo de superación que debe ser el fin superior de una universidad”, señaló.

El superintendente precisó que lo que se busca es capturar a la Sunedu y mantenerla no adscrita al Minedu ni reconocida como un Organismo Público Técnico Especializado, sino como un ente autónomo aislado sin capacidad de decisión como ahora tiene. “De esta manera, piensan mantener la idea de que están siendo regulados, cuando en realidad el regulador estará bajo su control. Así piensan mantener la ilusión de que están siendo supervisados, cuando en realidad ellos se estarían supervisando a sí mismos”.

Zegarra reiteró que la Sunedu tiene autonomía, pues ni el superintendente ni ninguno de los miembros del Consejo Directivo tienen que darle explicaciones al Ministerio de Educación sobre sus decisiones. Todas las decisiones tomadas por esta superintendencia son públicas y están debidamente motivadas y sustentadas en evaluaciones técnicas y evaluadas por comisiones investigadoras del mismo Congreso de la República, la Contraloría y el Ministerio Público

Asimismo, indicó que muchas universidades denegadas han querido impugnar el resultado de sus evaluaciones en la vía judicial. A la fecha, existen 40 expedientes judiciales relacionados con denegatorias de licencias. De esos, 26 ya tienen sentencia favorable a la Sunedu en primera instancia, o ya están concluidos. En ningún caso se ha fallado en contra de la superintendencia.

Con relación a la designación de los miembros del Consejo Directivo, el consejero Aurelio Ochoa Alencastre precisó que todas fueron por concursos públicos a la que se presentaron profesores, exrectores y vicerrectores. “Una vez que el comité de selección elige candidatos, eleva el resultado al Consejo Nacional de Educación, integrado por 25 miembros, el cual entrevista al candidato ganador para la observación de la ciudadanía. De no presentarse observaciones recién procede a su reconocimiento”, detalló.

Por su parte, el consejero Víctor Peña Rodríguez indicó que con la modificación del artículo 12 de la Ley 30220 la Sunedu cambiaría su condición de organismo público técnico especializado por el de ente autónomo; y que con la modificación del artículo 17, que actualmente exige que los ciudadanos seleccionados en concursos públicos cuenten con publicaciones en revistas científicas indexadas, se pasaría al simple requerimiento de “profesionales de reconocido prestigio”. “En el respeto de esta calidad académica radica la verdadera autonomía universitaria, sea pública o privada. Desde sus orígenes, en el siglo XI, autonomía universitaria no ha significado extraterritorialidad, ausencia de control y supervisión, sino por el contrario respeto y reconocimiento del valor del conocimiento frente al ejercicio del poder vigente”, señaló.

Posteriormente, el superintendente Oswaldo Zegarra Rojas detalló las acciones que podría interponer el Ejecutivo en caso el Congreso aprobara dicha ley en segunda votación. “Hay varios caminos que esperamos que pueda suceder. Puede ser que el presidente de la República y/o el Consejo de ministros observe los proyectos aprobados. Otra posibilidad es que el mismo Consejo de ministros o el presidente pida la opinión de Tribunal Constitucional, porque estas propuestas son inconstitucionales”.

Agregó que, como institución, la Sunedu presentará una cuestión de amparo contra los proyectos que afectan la reforma de la educación superior. “Hacemos una nueva invocación para que estos proyectos de ley sean reconsiderados y enviados al archivo. Y también invocamos al Ejecutivo a que los revise con detenimiento y, llegado el caso, los observe”, concluyó.