Nota de Prensa N° 11 - 2020: SMV alcanza nuevo estándar de cooperación internacional

La Superintendencia del Mercado de Valores ha sido admitida para ser signataria de uno de los más altos estándares de cooperación entre supervisores de los mercados de valores, que busca la protección del inversionista y promueve confianza en la integridad de los mercados de valores, estándar que es establecido y promovido por la Organización Internacional de Comisiones de Valores – OICV entre sus miembros. Luego de un proceso que tomó más de dos años, el Perú, a través de la SMV, se ha constituido en el primer país Iberoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser suscriptor del acuerdo denominado “Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (EMMoU)” en su anexo A.2, según le fue informado el pasado 18 de noviembre por la Secretaría General de la OICV. Ser parte del anexo A.2 significa, entre otros, haber acreditado capacidad para, ante un requerimiento apropiado de una autoridad del exterior suscriptora del EMMOU, poder citar y tomar declaraciones de personas, poder asesorar sobre la forma de poder congelar activos y poder acceder y compartir información de papeles de trabajo de sociedades de auditoría. Cabe recordar que, la OICV, es el foro mundial de política internacional para reguladores de valores y es reconocido como el emisor de estándares globales para la regulación de valores. Los miembros de la organización regulan más del 95% de los mercados de valores del mundo en más de 115 jurisdicciones y continúa expandiéndose. El EMMOU es el mejor estándar de cooperación internacional y fue lanzado en abril del año 2017 para que los supervisores de los mercados mejoren sus capacidades de supervisión y cooperación transfronteriza, ya alcanzada a través del MMOU que fuera lanzado en el año 2002. Ser parte de los países signatarios del EMMOU supone el reconocimiento de la alta calidad del marco legal y regulatorio del Perú para la cooperación internacional, que permite hacer efectiva la protección de los inversionistas alrededor del mundo, ante investigaciones relacionadas a posibles incumplimientos de leyes y regulaciones aplicables.