Juan José Martínez: “MEF dará tope en negociación colectiva“
Nota de prensa
Fotos: Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional - SERVIR
6 de febrero de 2020 - 9:01 a. m.
¿De qué manera contribuirá el Decreto de Urgencia (DU) N.° 014-2020, que reconoce la negociación colectiva en el sector público?
Hay dos cosas que precisar. Una tiene que ver con la gestión y otra con el aspecto legal. En lo legal, la negociación colectiva siempre ha tenido un trato diferenciado desde la Constitución de 1979. Entonces, se ha asumido que esto en el sector público podría tener restricciones por la diferencia que había en la Carta Magna. De hecho, hasta el 2012, para el Tribunal Constitucional (TC) eran válidas, inclusive había años donde se prohibía. Luego, se empezó a generar toda una corriente de opinión jurídica y llegaron dos casos al TC, uno contra la Ley de Presupuesto y el otro contra el Servicio Civil.
En el primero argumentaron que no se podía negociar ni condiciones económicas, ni beneficios a través de la negociación colectiva. La otra, hacía referencia a temas no económicos. El TC sacó dos fallos diciendo que es inconstitucional prohibir de manera absoluta y permanente la negociación colectiva. Además, que necesita una ley que haga una configuración legal de esto.
¿Y en el aspecto de gestión?
Se empezó a encontrar información sobre negociaciones colectivas que no habían sido reportadas al Ministerio de Trabajo, ni al Ministerio de Economía. Había un problema de transparencia. Si no se tiene la información completa, no se puede tomar decisiones correctas. El tercer interés es la del ciudadano, aunque muchas veces no aparece en la foto, porque quiere mejores leyes, regulación, entre otros beneficios. Ahora, hay que tener los recursos presupuestales, porque no son infinitos. Ahí entra el presupuesto general.
Esas son las razones para aprobar este decreto.
¿Cómo se puede asegurar que los reclamos de los trabajadores se solucionen, si las entidades públicas dirán que no tienen presupuesto?
Hay varios mecanismos. Una cosa importante es que hasta antes del decreto, las negociaciones eran por entidad. Lo que ha estado pasando es que las instituciones que tienen mayores recursos, negociaban, pero las que no, no lo hacían. Por eso se han creado tres niveles de negociación. La primera es la centralizada, ahí van a negociar todos los servidores públicos, menos los especiales, que antes no tenían negociación colectiva. El segundo es lo que ha estado ocurriendo con el sector salud y educación, van a negociar en el tipo centralizado especial. La tercera es la descentralizada. En los tres casos se ha creado un mecanismo validado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por eso es válido que haya un tercero, que es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y este emita un informe con las posibilidades de negociación.
¿Entonces, el MEF debe emitir un informe final?
Los trabajadores plantean el pliego de reclamos. Luego se solicita al MEF un informe, que después lo manda a la mesa de negociación de nuevo.
¿Lo que indique el documento del MEF se debe cumplir o se puede modificar?
Dará un tope a la negociación. Por ejemplo, la institución ‘A’ puede dar entre 5 a 10, y el arbitraje, si no hay acuerdo, se tiene que manejar en ese margen, porque es lo que se puede dar.
¿Cómo se da un arbitraje?
Cada parte escoge un árbitro y entre los dos nombran a un tercero, que es el presidente. Los tres discuten y toman una decisión.
¿Tendrán un registro de árbitros?
Sí, cualquier especialista o profesional deberán tener una serie de requisitos para estar en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas.
Correcto, pero ¿cómo se puede garantizar la objetividad en un reclamo si el MEF forma parte del sector público y velará por el presupuesto de cada institución?
No, lo que el MEF hace es mirar el presupuesto de todo el sector público, no solo de una entidad específica. Que luego se termina aprobando en el Congreso. Todo en el sector público se basa en el presupuesto y normas, no se puede actuar fuera de eso. El cambio es que todo va a ser público, para observar qué plantean los trabajadores a los empleadores.
Papel del nuevo parlamento
El Congreso revisará todos los DU. ¿Podrían rechazar este?
Es una de sus funciones. Nosotros lo que hemos hecho, para diseñar esta norma, hemos revisado lo que ha dicho el TC, máximo interpreta de la Constitución, también lo que ha manifestado la OIT. Hemos sido sumamente escrupulosos de seguir todos los parámetros. Al final verán que todo está correcto y no tendrá cuestionamientos. Estamos seguros que será validado.