Condenan a tres años de pena privativa de libertad por deforestar el Parque Nacional Cordillera Azul y su zona de amortiguamiento
Nota de prensaDeforestación en áreas naturales protegidas es una actividad ilegal tipificada como delito grave.
12 de diciembre de 2022 - 6:18 p. m.
Una ejemplar sanción contra las actividades ilegales en las áreas naturales protegidas significó la condena de Agustín Tantarinco Rinsa, a tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, y al pago de S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 soles) de reparación civil a favor del Estado peruano, por el delito contra los recursos naturales en el ámbito del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y su zona de amortiguamiento, en la región San Martín.
El sentenciado deberá realizar también la prestación de servicios comunitarios de 34 jornadas para la recuperación del espacio afectado, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).
La sentencia fue dictada por el Juzgado Mixto de Picota-San Martín y se ampara en el delito contra los bosques o formaciones boscosas, tipificado en el artículo 310 del Código Penal, en agravio del Estado.
El Sernanp señaló que las acciones de vigilancia satelital realizadas por el Sistema Integrado Geoespacial y los patrullajes permanentes en el área natural protegida permitieron identificar la deforestación de 560 metros cuadrados en el Parque Nacional Cordillera Azul y 5,5 hectáreas de bosques primarios en su zona de amortiguamiento, lo cual fue motivo para que el Juzgado Mixto de Picota -San Martín emitiera sentencia dentro del proceso judicial de terminación anticipada y se lograra condena por el delito ambiental.
Sobre el caso, el Fiscal Alexander Taica Luliquis de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín, exhortó a la población a su colaboración para no realizar actividades de cambio de uso de suelo (de bosques primarios a otros usos) sin autorización de una autoridad competente, sobretodo en el ámbito de las áreas naturales protegidas. “Nos hemos reunido con el presidente de la Corte Superior de San Martín para solicitar la capacitación a jueces de paz y letrados para evitar incidentes de legalización de documentos de compra y venta (de bosques naturales)”, señaló.
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