Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Estas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional. El modelo constituye una expresión del enfoque de integridad a nivel organizacional, y también es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de una cultura de integridad en una entidad pública.