Palabras de la Canciller Ana Cecilia Gervasi en la Sesión Plenaria del 53° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA

Señor Presidente de la Asamblea General,
Señoras y señores Ministros de Relaciones Exteriores de los países del hemisferio,
Señor Secretario General de la OEA y señor Secretario General Adjunto,
Señoras y señores Jefes de Delegación de los Estados Miembros y de los Observadores Permanentes,
Señoras y señores representantes de organismos internacionales,
Señoras y señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
Señoras y señores,

En octubre del año pasado, en Lima, el Perú tuvo el honor de ser anfitrión de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, una memorable cita en la que consensuamos la necesidad de revertir la desigualdad y la discriminación que persisten en el continente, promoviendo la construcción de “sociedades igualitarias, justas y prósperas, asegurando el respeto de los procesos democráticos y los derechos de todas las personas”.

Con la misma identificación con los valores y con las instituciones del sistema interamericano, acudimos a esta nueva Asamblea, aquí en Washington, cuyo tema “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”, empata naturalmente con las reflexiones y acuerdos alcanzados en Lima, sobre la lucha contra la desigualdad y la discriminación.

Señor Presidente:

La Carta Democrática Interamericana ha devenido en una pieza fundamental de la estructura jurídica y política del hemisferio. El Perú mantiene el compromiso con el que participó en su creación, así como la convicción de que ésta ha jugado un rol trascendental en el afianzamiento de la democracia en nuestra región. No dejamos de percibir, sin embargo, que siguen siendo necesarios mayores esfuerzos conjuntos destinados al fortalecimiento de sus mecanismos de implementación.

Tomamos nota de que ha habido múltiples propuestas -valiosas muchas de ellas- para el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana, casi desde el momento de su adopción. Continuando con el debate que llevamos a cabo regularmente, asistimos recientemente a un fructífero intercambio de ideas que propusimos junto a los Estados Unidos, Canadá y Guyana.

En consecuencia, el Perú considera importante continuar profundizando el desarrollo de esta discusión, en la que podemos aprovechar la experiencia acumulada para enriquecer los desarrollos conceptuales y prácticos alcanzados en la Carta, con el propósito de afrontar de mejor manera los múltiples fenómenos y problemas que pueden llevar a producir un creciente desencanto con la democracia entre amplios sectores de la ciudadanía, y una confianza cada vez menor en las instituciones. Nos toca pues prevenir y evitar las regresiones hacia discursos y prácticas autoritarias que, lamentablemente, se han seguido produciendo y reproduciendo en el continente.

Pero la Carta tiene también un enorme potencial para defender y promover la democracia, respecto al tratamiento que exige de los miembros de la comunidad hemisférica en su relación con las democracias del continente. El trabajo preparatorio que llevó a que la adoptáramos en Lima, hace ya más de dos décadas fue, qué duda cabe, de altísimo nivel. En él se convino que la Carta Democrática Interamericana constituye un aporte al desarrollo progresivo del derecho internacional interamericano. Algo que explícitamente se incluyó en su preámbulo. No puedo dejar de recordar aquí las aportaciones de los cancilleres Celso Lafer del Brasil y Didier Opertti del Uruguay. Tiene pues la Carta, como tal, un valioso componente jurídico que es importante destacar.

En particular, debo referirme al énfasis que pone la Carta en la defensa del legítimo ejercicio del poder de los gobiernos democráticos. La Carta lo recoge explícitamente en varios de sus puntos centrales. Es por ello evidente que los cuestionamientos al legítimo ejercicio del poder de un gobierno establecido de acuerdo con las normas constitucionales democráticas de un país americano -como es el caso del actual gobierno del Perú- incumplen el espíritu de las obligaciones jurídicas que encarna la Carta Democrática Interamericana. Es satisfactorio constatar que la comunidad internacional reconoce que en el Perú se produjo una sucesión presidencial con apego a la Constitución, mientras que las actitudes divergentes son una excepción aislada y, estamos seguros, pasajera.

Ello nos lleva a otra tarea, tanto jurídica como política, de la mayor actualidad e importancia. Esta tiene que ver con el respeto al principio de la no intervención, en particular en lo que se refiere a su relación con la defensa de la democracia. Por eso, creo apropiado alentar en este momento a la comunidad hemisférica a renovar nuestra común adhesión a ese principio central de cualquier vinculación internacional ajustada al derecho y que el tratado fundacional de esta organización, y tantos otros instrumentos jurídicamente vinculantes, recogen en detalle. No hay pues oposición entre ambos valores, no intervención y defensa de la democracia, en tanto nos ciñamos a la Carta Democrática Interamericana, al derecho internacional y a las constituciones políticas de nuestros países.

Quisiera realizar una reflexión adicional sobre la democracia. No puede haber democracia plena en sociedades en las que prevalece la pobreza y la desigualdad, donde el desarrollo integral sigue siendo una aspiración postergada y los derechos sociales, económicos y culturales van a la zaga de los civiles y políticos. La democracia no será completa si no incluye el rol y los derechos de la mitad de los habitantes de nuestro hemisferio: las mujeres. Tampoco si no atendemos los desafíos que se plantean a nuestra generación y a las futuras con relación al cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Quisiera, además, enfatizar otro aspecto muy trascendente de la Carta Democrática que tiene que ver con el futuro de la democracia. Si queremos que ella sobreviva y prospere debemos promover una auténtica cultura democrática, sobre todo entre nuestros jóvenes, quienes tendrán la responsabilidad de cuidarla y alimentarla. Como peruanos hemos sido testigos de los severos retos que afronta la democracia y, al mismo tiempo, hemos sabido superarlos y sobrellevarlos en unidad. Esta vocación permanente de preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática es el escudo contra los extremismos y sectarismos y es el cimiento en que se afianza la democracia más cabal que ahora aquí nosotros batallamos para erigir.

Señor Presidente:

Como todos los países del hemisferio y del mundo, el Perú presenta ciertos retos en materia de derechos humanos. Muchos se arrastran de antiguo y son estructurales. Otros tuvieron su origen en los acontecimientos que siguieron al golpe de estado del expresidente Castillo en diciembre de 2022, quebrantamiento del orden constitucional que fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su momento.

En estos últimos retos se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó del 20 al 30 por ciento. Por el otro lado, los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de Derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad de 33 millones de peruanos.

El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que, en ese marco, se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas, junto con otras apreciaciones con las que mi gobierno discrepa, respetuosamente. Por otro lado, tomamos nota con satisfacción del reconocimiento que hace el referido informe de la legitimidad constitucional de la sucesión presidencial, que tuvo lugar en ocasión del golpe que la democracia peruana frustró, y coincidimos con la Comisión en que los hechos deben ser investigados, tarea a la que se han abocado las instancias competentes, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

Es lo que corresponde al Estado de Derecho en una democracia. La fiscalía ha conformado un “Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales”, que cuenta con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas en el Perú. Se han llevado a cabo ya más de 300 actuaciones en diversas fiscalías a nivel nacional. La señora Presidenta y el Presidente del Consejo de Ministros han declarado ante el Ministerio Público. La colaboración del Gobierno es completa. Asimismo, como parte de la atención integral a las familias de los compatriotas afectados en las movilizaciones, el Estado peruano autorizó el otorgamiento de un apoyo económico y un seguimiento integral en materia social y de salud, en favor de los deudos de las personas fallecidas, civiles y policías, así como las personas heridas de gravedad.

Sin embargo, sería lindar con la manipulación de las expectativas, pedir que sólo en cuestión de pocos meses haya condenados, luego de ser juzgados en procesos ajustados a ley, surgidos de investigaciones imparciales, de los órganos independientes competentes.

El Gobierno del Perú seguirá comprometido con la promoción del diálogo social, amplio e inclusivo, con un enfoque intercultural y de derechos humanos, el cual se viene desarrollando en todas las regiones del país. A la fecha suman más de 500 mesas de diálogo.

Como he dicho, nuestro gobierno discrepa de muchos de los señalamientos de la CIDH, así como de la manera en que ésta ha presentado públicamente su reciente informe, incluidos los reiterados mensajes en redes sociales y comunicados de prensa, pues representan una visión reduccionista que no ha tomado en cuenta la complejidad de la situación en todas sus aristas y tampoco las observaciones que hicimos llegar oportunamente. Este accionar no se condice con el espíritu de confianza, respeto y buena fe con la que siempre ha obrado el Perú.

Sin perjuicio de lo anterior, quiero ser muy enfática en afirmar que el Perú no deja de respetar y valorar el importante trabajo que realiza la CIDH como institución, y hoy reitero nuestro firme compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el que, a pesar de todas las dificultades, estamos empeñados en perfeccionar, señalando que debemos procurar mantener un trabajo cooperativo y no confrontacional entre los países del hemisferio y los órganos del sistema interamericano.

Pero no puedo dejar de abordar el tema de los derechos humanos en mi país sin hacer referencia, como hemos insistido todos en este foro, a su naturaleza integral, indivisible e interdependiente. Así entendidos, nuestro gobierno está firmemente comprometido con una agenda orientada a cerrar las brechas sociales y atender los derechos socio económicos de las poblaciones más vulnerables. Y ello no solo a partir del estímulo al crecimiento de la economía, sino que, sobre todo, concentrándose en las urgencias en materia de sanidad y educación, así como al indispensable complemento de seguridad ciudadana. Confiamos en que el enorme esfuerzo de inversión del programa denominado “Con Punche Perú”, una expresión coloquial que significa “con fuerza”, de unos 2,500 millones de dólares, pronto dará sus frutos, en beneficio de todas las peruanas y peruanos.

Señor Presidente:

Al inicio de mi intervención me referí a la necesidad de que las democracias también se sustenten en la promoción y consecución de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, a fin de alcanzar el desarrollo integral.

Es en ese espíritu que el Perú participa en los trabajos de la Organización de los Estados Americanos, siempre con ánimo constructivo y propositivo. Me permito destacar algunos ejemplos, en una lista no exhaustiva como: la presidencia peruana del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); los trabajos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y sus grupos de expertos; los avances en la implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas; el compromiso indeclinable en favor de la igualdad de género, relievando el valor del liderazgo político de las mujeres americanas; o la lucha contra todo tipo de discriminación.

El Perú mantiene su convicción en torno a la vigencia del multilateralismo, el pluralismo, la cooperación, el diálogo y el ejercicio efectivo y constructivo de la diplomacia, como medios para enfrentar los desafíos crecientes que conciernen a la región, en torno a la defensa, promoción y fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, los cuatro pilares que dan soporte a la estructura y al trabajo de esta organización.

En apego a una tradición que se remonta a la fundación misma de la República, cuando desde Lima se convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, el Perú refirma su vocación de seguir aportando a estos procesos y de concurrir, en ese marco, al éxito de esta Asamblea.

Muchas gracias señor presidente.