Presentación del señor Ministro de Relaciones Exteriores ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República

Señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Miembro Titular de la Comisión Permanente, Congresista de la República Ernesto Bustamante Donayre;

Señores Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República;

Señoras y señores:

Me es grato atender la gentil invitación que se me ha cursado para exponer ante ustedes en esta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que se realiza hoy, no solamente sobre importantes asuntos de la política exterior peruana, la misma que tiene como vocación primaria e indeclinable la consecución de la paz, la vigencia de la democracia, la promoción del desarrollo y la integración entre los pueblos.

A continuación, comenzaré a desarrollar los conceptos que estoy seguro atenderán las inquietudes que animan a la Comisión de Relaciones Exteriores.


1. Lineamientos generales de política exterior peruana que impulsará el Sector Relaciones Exteriores orientados a la paz, la democracia, el desarrollo y la integración

Para comenzar, me gustaría primero explicitar conceptualmente sobre el contexto jurídico y político en el que nos encontramos. Nuestra Democracia Constitucional ha ido evolucionado sobre la base de tres aspectos: los factores políticos asociados al diálogo entre partidos políticos y la alternancia en el ejercicio del poder; los factores jurídicos que defienden al Sistema Democrático como la mejor forma de Gobierno para nuestro país; y la interiorización de los Tratados Internacionales como parte del Derecho Nacional a través de la denominada “cláusula de apertura”. Desde una perspectiva del Derecho Constitucional, el irreversible proceso de globalización y la emergencia de nuevos retos y desafíos de la agenda internacional, con impacto directo al interior de los países, están generando un proceso de internacionalización del Derecho Constitucional y de constitucionalización del Derecho Internacional, enmarcado en la denominada “Constitución de la Tierra”.

En el ámbito regional, este proceso de apertura constitucional, así como la interrelación entre los sistemas nacionales e internacionales, está permitiendo además el desarrollo de un nuevo Estado constitucional característico de las democracias latinoamericanas, incluyendo al Perú, y que contiene tres principios fundamentales, a saber: los derechos humanos, la democracia, y el Estado de derecho. Estos principios fundamentales, asociados al respecto a la Constitución y a los Tratados Internacionales, son algunos de los elementos más importantes sobre los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores formula y ejecuta la Política Exterior y ejerce la representación permanente del Perú en el exterior, de acuerdo con las directrices del Presidente de la República y la Política General del Estado.

En esa línea de entendimiento, y como es ampliamente conocido, la política exterior de nuestro país es una Política de Estado. En ese sentido, la diplomacia peruana se basa en lineamientos generales que orientan el accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores a largo plazo. Son conductas históricas que se mantienen a lo largo del tiempo y se encuentran orientadas a preservar los intereses permanentes del Estado. Asimismo, el Acuerdo Nacional, que supuso un momento de consenso entre las fuerzas políticas en los albores del siglo XXI, recoge los lineamientos de la política exterior peruana orientados a la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Son compromisos que buscan ser perennes en el tiempo, con el objetivo de mantener y consolidar el prestigio del Perú ante el mundo, posicionando a nuestro país como un aliado confiable.

¿Qué significa una diplomacia para la paz? Implica que el Estado promueva un clima de paz y seguridad a nivel mundial, hemisférico, regional y subregional, con el objetivo de crear un ambiente de estabilidad política y fomento de la confianza en todos los niveles mencionados. La guerra en Ucrania se configura como un momento de profunda inestabilidad en el sistema internacional, con consecuencias que afectan a todo el mundo. El Perú ha condenado la agresión militar rusa desde el primer día de la invasión a Ucrania. Diferentes comunicados de nuestra Cancillería así lo confirman. Manifestaciones, discursos, votaciones en las Naciones Unidas, y otros organismos internacionales, lo evidencian. El Perú ha dejado clara su posición y su visión sobre esta agresión como un atentado en contra de la paz global.

¿Qué significa una diplomacia para la democracia? En síntesis, es la promoción del respeto a los derechos humanos, los valores de la democracia y del Estado de derecho, así como la lucha contra la pobreza, la exclusión, las carencias en salud y educación, el cambio climático, el narcotráfico, el crimen internacional organizado, el terrorismo, la corrupción, las amenazas híbridas, entre otros factores que pueden dañar al sistema democrático. Sostenemos que el diálogo multilateral y la cooperación entre los Estados son la condición necesaria para realizar esta defensa. De esta manera, el Perú asigna una vital importancia a la concertación y a la coordinación que, de manera regional e internacional, existen en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina contra la Droga y el Delito, la Organización de Estados Americanos, entre otros mecanismos multilaterales. Nuestro país prioriza activamente su participación en todos estos espacios a fin de asegurar el bienestar de nuestra población y su desarrollo. Reiterando, el Perú es un país democrático, pacifista, respetuoso del derecho internacional, de los Derechos Humanos y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la solución pacífica de las controversias.

¿Qué significa una diplomacia para el desarrollo? Este aspecto de nuestra política exterior busca impulsar el desarrollo sostenible en las regiones fronterizas del Perú y su integración con espacios similares en los países vecinos. Para ello, los Gabinetes Binacionales cumplen una función protagónica, pues son espacios de políticas públicas cooperativas con países vecinos, para resolver problemas comunes en el área fronteriza. Un ejemplo de ello es la realización del reciente Encuentro Presidencial y XIV Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que tuvo lugar en abril del presente año. En este importante evento, se dispuso la realización de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, para junio próximo, con el fin de establecer y aprobar los compromisos del Plan de Acción de Loja del 2022. Además, permite la discusión de alto nivel sobre asuntos que impactan en la vida diaria de nuestros ciudadanos en zonas fronterizas.

De igual manera, los esfuerzos realizados por la Cancillería para que nuestro país inicie el proceso de adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) son también un ejemplo de la diplomacia para el desarrollo. Cabe mencionar que pertenecer a la OCDE involucra una serie de ventajas para el Perú, lo que se observará al entablar intercambios de buenas prácticas y experiencias con las economías más importantes del mundo, así como el tener acceso a información sobre múltiples aristas de las políticas públicas. Es importante notar una importante convergencia entre la Política General de Gobierno del periodo 2021-2026 y los tópicos discutidos en la OCDE, como son el desarrollo agrícola, educación, lucha contra la corrupción y transformación digital, entre otros elementos.

¿Qué significa una diplomacia para la integración? Consiste en participar activamente en los procesos de integración política, social, económica y física en los niveles subregional, regional y hemisférico, y desarrollar una política de asociación preferencial con los países vecinos a fin de facilitar un desarrollo armónico, así como para crear identidades y capacidades de iniciativa, negociación y diálogo, que permitan condiciones más equitativas y recíprocas de participación en el proceso de globalización. Un ejemplo de la diplomacia para la integración es la participación del Perú en la XVI Cumbre de la Alianza del Pacifico, realizada en Bahía Málaga, Buenaventura en enero del presente año. En el marco de este encuentro, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Singapur, que permitirá la incorporación de este país asiático como el primer Estado Asociado del mecanismo de integración regional, hito de alta relevancia en la proyección del Perú y sus socios en la región del Asia-Pacífico, centro gravitante de la economía mundial.

Del mismo modo, el Perú asumirá la Presidencia Pro Témpore del Consejo Presidencial Andino, la máxima instancia de decisión política en la Comunidad Andina de Naciones, en julio del presente año. Dicha Presidencia ocurre en un momento importante para el afianzamiento de nuestra diplomacia andina, ya que permitirá que los esfuerzos de la política exterior peruana fortalezcan los vínculos históricos, sociales y culturales con los socios de la CAN, que son Bolivia, Ecuador y Colombia. Esta es una oportunidad fundamental para que el Perú ejerza liderazgo en un espacio de integración tan importante como la Comunidad Andina, y se puedan obtener resultados concretos, para beneficio de todos los peruanos, en torno a la libre movilidad de personas, oportunidades laborales para profesionales y empresas, y al avance de la integración económica entre los pueblos andinos.

El gobierno del presidente Castillo ha destinado esfuerzos en marcar la pauta para la diplomacia peruana, en un mundo en permanente transformación. En concordancia con la Política General de Gobierno 2021-2026, la Cancillería despliega una diplomacia nacional, social, autónoma, democrática y descentralizada. Su propósito central es atender las necesidades de la población, en particular de los más vulnerables y necesitados. Esta orientación se complementa con los elementos tradicionales de nuestra política exterior. Igualmente, defiende la soberanía e integridad territorial del Estado y el principio de la no intervención en sus asuntos internos, elementos históricos defendidos por Torre Tagle. Asimismo, nuestro país es un firme promotor de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente, se vincula a la economía y comercio globales, para concretar el crecimiento económico y, consecuentemente, el bienestar y el desarrollo humano social e inclusivo.

La diplomacia nacional implica que nuestra política exterior se inspire en la historia y en la realidad del Perú, reconociendo el carácter pluricultural de nuestro país. La diplomacia autónoma significa que las decisiones se tomarán en función de los intereses del “nosotros”, que es la expresión colectiva de la Nación. Y no de intereses de terceros países. En un mundo de fuerte competencia entre las potencias internacionales, tanto en el ámbito militar como tecnológico y económico, el Perú apuesta por una postura de equilibrio y autonomía, tomando las decisiones más favorables para los intereses de nuestro país.

De otro lado, en lo que atañe a la diplomacia nacional y su vínculo con el aspecto histórico, la reciente restitución de las Charreteras del Coronel Francisco Bolognesi y de los Portalones de la Corbeta Unión constituyen una expresión de la amistad y confianza con la que los gobiernos de Perú y Chile abrazan la agenda de futuro, cuyo objetivo principal es coadyuvar al desarrollo y bienestar de sus pueblos.

Defendemos una diplomacia democrática, porque la democracia y el Estado de derecho, como sistema político y organización de la sociedad, garantizan los derechos humanos del pueblo peruano y la voluntad colectiva de realizar su propio destino. Una sociedad democrática supone la inclusión social, la eliminación del racismo, la protección de las minorías y las poblaciones indígenas y todos los sectores vulnerables de la sociedad, y su acceso al poder, significa también promover la democratización de la gobernanza regional y mundial. Un ejemplo de ello fue nuestra participación en el segmento de alto nivel del 49° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que concluyó en abril último y que dio lugar a reuniones con autoridades de alto nivel, como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A su vez, en este evento, se adoptó la resolución “Promoción y protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”, presentada por el Perú junto con otros países latinoamericanos. Esta iniciativa ejemplifica el compromiso del Perú con la promoción de la democracia en la región.

La diplomacia descentralizada posee un rol coordinador y articulador entre la esfera nacional (intergubernamental, multisectorial y ciudadana) y la internacional (bilateral y multilateral) que busca lograr un óptimo desarrollo e integración fronteriza, y comprende acciones y estrategias en materia económica y social para fortalecer el desarrollo sostenible de los espacios de frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido fortaleciendo la política de desarrollo e integración fronteriza, para lo cual ha emprendido acciones transversales como la apertura de Oficinas Desconcentradas (ODE), mediante la cuales se contribuye de manera directa con la gestión de iniciativas para el desarrollo e integración fronteriza.

La Cancillería, como ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (SINADIF), lidera los encuentros periódicos del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza (CONADIF), instancia que se caracteriza por ser un espacio de diálogo y concertación entre los gobiernos nacional, regional, provincial y distrital, en beneficio de la población de las zonas de frontera. Entre sus principales iniciativas destacan las inversiones en transporte para garantizar la conectividad y movilidad de la población fronteriza; la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural a través del turismo sostenible; los proyectos de infraestructura de servicios básicos, como energía, agua y saneamiento; la promoción de las inversiones y las exportaciones en los mercados de las regiones y las provincias; los programas de asistencia técnica y financiamiento para fortalecer las capacidades en desarrollo productivo y gestión de recursos; y el desarrollo de estrategias en materia de seguridad para combatir las actividades ilícitas en zonas de frontera.

Asimismo, es importante recalcar el trabajo neurálgico a nivel de Gabinetes Binacionales en el fortalecimiento del desarrollo e integración fronteriza. Por ejemplo, el caso de la frontera Perú-Ecuador que ha logrado grandes avances sobre la base de 3 pilares: la consolidación de un diálogo político al más alto nivel a través de los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales; el establecimiento de ejes y objetivos comunes para el emprendimiento de acciones conjuntas; y la materialización de acciones que cuenta con actores operativos como el Plan Binacional con sus respectivos Capítulos.

Como un ejemplo práctico de la importancia de la diplomacia descentralizada, se puede mencionar el apoyo de la Cancillería en la organización de la segunda Misión Comercial y de Cooperación Técnica al Estado de Utah, realizada del 15 al 18 de marzo, en la cual participaron congresistas de la República, alcaldes y empresarios. Asimismo, nuestra Cancillería apoyó a las Misiones Empresariales organizadas por la Asociación Peruana de Empresarios a Dubái y Panamá, ambas en marzo del presente año. De esta manera, la diplomacia peruana se articula con distintas entidades además de los Estados, como las empresas y los emprendedores.

Finalmente, la diplomacia social busca defender los derechos y aspiraciones de todos los peruanos, y peruanas, pero muy particularmente de las clases medias y las que cuentan con menos recursos, de los agricultores, de los campesinos, de los emprendedores, de los trabajadores, de las poblaciones indígenas y vulnerables, de las mujeres y los jóvenes. Las dimensiones internacionales de la salud, el trabajo digno, la seguridad social, la lucha contra la pobreza, la vivienda digna y los derechos de las comunidades peruanas en el exterior, serán líneas de acción esenciales de la diplomacia social. En ese sentido, la Cancillería continúa redoblando esfuerzos promoviendo una diplomacia para los ciudadanos. Al respecto, el Perú es respetuoso y promotor de los derechos humanos, el derecho humanitario y la protección de los refugiados. Busca una democracia efectiva que garantice los derechos a la salud, educación, igualdad de oportunidades, vivienda, empleo y trato digno, combatiendo la pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como profundizando la solidaridad internacional. En esa línea es un interés permanente garantizar el bienestar y la protección de los peruanos, por lo que se trabaja intensamente en la actualización de las normativas y en la digitalización y continua mejora de los servicios brindados, lo que incluye la sede central de la Cancillería, los órganos de servicio exterior consulares y las oficinas desconcentradas dentro del país.

Asimismo, a efectos de realizar un resumen y puntualizar algunos aspectos relevantes, la Cancillería peruana trabaja en:

El fortalecimiento de la integración fronteriza y regional: A nivel fronterizo, el Perú cuenta con una amplia agenda con los cinco vecinos, que incluye desde encuentros de alto nivel a proyectos concretos, reuniones técnicas y lucha contra amenazas conjuntas. A nivel regional, se vienen fortaleciendo los lazos en la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, prestando atención al desarrollo de las mipymes.

El Perú ha sido invitado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para iniciar su proceso de adhesión. Una vez que culmine el proceso de adhesión, en virtud de la Hoja de Ruta que señale la OCDE, se logrará reforzar la capacidad de gobernanza y gestión, así como mejorar los estándares de las políticas públicas y encaminarnos a una economía más competitiva. Todo en beneficio del pueblo.

La semana pasada el Perú estuvo presente en el Foro DAVOS, en Suiza, participando con una delegación conformada por la señora Vicepresidenta Dina Boluarte y quien les habla. En dicha oportunidad pudimos sostener encuentros cercanos con diferentes políticos, empresarios y líderes mundiales, con los que se dialogó, entre otros temas, sobre la reactivación económica postpandemia. Dicha ocasión permitió promover la imagen del gran potencial económico del país, atrayendo inversiones que sean medioambiental y socialmente responsables.

Se ha hecho oficial la Presidencia del Perú en el Foro Económico Asia Pacífico (APEC), en el 2024, por tercera vez. El Perú valora que dicho Foro busque continuamente el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible en servicio de las poblaciones de las 21 economías miembro, en ese sentido, nuestro país impulsará una agenda orientada al bienestar y desarrollo humano social e inclusivo.

Se continuará fortaleciendo, en beneficio de los sectores más vulnerables, los programas de cooperación internacional con Estados Unidos y la Unión Europea que se orientan a ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático.

Para finalizar, como una muestra del empuje que realiza la política exterior peruana para atender los intereses de nuestro país y, al mismo tiempo, sumar esfuerzos en la lucha contra los desafíos comunes del sistema regional e internacional, subrayamos la importancia que conlleva que se realice, en Lima entre el 5 y 7 de octubre próximo, la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En dicho espacio, el Perú liderará, con convicción, el fortalecimiento del diálogo multilateral, la búsqueda de acuerdos y consensos que nos permitan, a todos los países del continente americano, lograr atender las necesidades más imperantes de interés común en el hemisferio. El cambio climático, la pobreza y desigualdad, la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la defensa de la democracia y los derechos humanos, entre otros temas. En ese sentido, saludamos el éxito que tuvo la visita al Perú, la semana pasada, de una delegación de la OEA presidida por su Secretario General Adjunto (embajador Néstor Méndez), la misma que tuvo como misión el ir preparando los trabajos conducentes a la realización y éxito de la citada Asamblea General que se llevará en nuestro país.


2. Posición frente al status de nuestras relaciones con la llamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y sus consecuencias en las relaciones con el Reino de Marruecos y otros países, frente al panorama político mundial, de cara a los cambios geopolíticos ocurridos respecto del reconocimiento por España y la guerra en Ucrania, en los nueve meses transcurridos desde el restablecimiento de relaciones con la RASD.

Con relación a este tema deseo destacar que el Sahara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cualidad que no se ha modificado y que el Perú sustenta.

Después de la Segunda Guerra Mundial se acordó la descolonización de los territorios no autónomos que eran administrados por potencias coloniales. El Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas definió a los territorios no autónomos, como los “territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”.

En 1946, a través de la resolución 66(I) se aprobó una lista de 76 territorios a los que se aplicaba la categoría de No Autónomos, conforme al Capítulo XI de la Carta de la ONU. El año 1960 se aprobó la Declaración 1514 de la Asamblea General, que es considerada la Constitución del proceso de Descolonización. Esa resolución creó el Comité de Descolonización, que es el órgano que monitorea su aplicación y conduce el proceso de descolonización de los territorios no autónomos que aún no han accedido a la independencia. En 1963, el Comité estableció la lista definitiva de los territorios no autónomos que deben ser descolonizados con base al principio de libre determinación de los pueblos. Se incluyeron 64 territorios. Entre ellos el Sahara Occidental y las Islas Malvinas. También Malta, Singapur. Suazilandia, Santa Lucía Kenia, Islas Mauricio, Granada, Dominica, Gambia y Brunéi. Todos estos últimos territorios ya han accedido a la independencia.

De esos 64 Estados ya se han descolonizado y accedido a la independencia 47. Solo quedan por descolonizar 17 territorios no autónomos. Entre ellos el Sahara Occidental y las Islas Malvinas. Ambos territorios están bajo el mandato de las Naciones Unidas para proceder a su descolonización. Y cada año, el Comité de Descolonización, la Asamblea General y en lo pertinente el Consejo de Seguridad, discuten la situación y orientan los procesos dirigidos a la efectiva descolonización y ejercicio del principio de libre determinación por parte de estos territorios.

La República Árabe Saharaui Democrática cuenta con un territorio de 266 mil km2 con una población de 567 mil habitantes de acuerdo con la información de las Naciones Unidas. El Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas cuyo objetivo central es el de eliminar todo rastro del colonialismo que imperó en los siglos XIX y XX.

La independencia de los países, el surgimiento de Movimientos de Liberación Nacional y la falta de definición de fronteras trajo como consecuencia conflictos armados en la región del Sahara Occidental. Estos factores se entienden como parte del proceso histórico de la descolonización que fue promovido por las Naciones Unidas con la adopción de la Resolución 1514 de la Asamblea General en 1960. Vale la pena recordar hoy que el Perú apoyó decididamente esta posición.

También deseo recordar en esa sala la Opinión Consultiva que emitió la Corte Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975, confirmando la presencia histórica en el territorio saharaui de jefes locales y, por tanto, de una población originaria. Esta opinión también confirmó la ausencia de una soberanía distinta a la colonización española. En ese sentido, consideramos como una causa justa, enmarcada en el proceso de descolonización, que se asegure el respeto del derecho fundamental de toda persona a su autodeterminación, y que el pueblo saharaui pueda decidir su estatus a través de un referéndum.

Esta Opinión Consultiva no fue tomada en consideración cuando ese mismo año se inició la denominada “Marcha Verde”, desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos marroquíes que fueron movilizados con el sólo propósito de ocupar dicho territorio. La Resolución 380 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1975 condenó este acto de violencia e instó a Marruecos a retirar inmediatamente del territorio del Sahara Occidental a los participantes de la marcha.

Marruecos hizo caso omiso de la Resolución 380 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cometiendo una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza, consagrado en los numerales 3 y 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En esta norma que sigue obligando a Marruecos se establece que la resolución de toda controversia debe realizarse utilizando medios pacíficos con la finalidad de no poner en peligro la paz, la justicia o la seguridad internacionales. Asimismo, señala expresamente que los países Miembros –como Marruecos- se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. A ello, debe agregarse que la Resolución 3314 de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas concede al Consejo de Seguridad la facultad exclusiva para determinar si un acto está justificado. De esta manera, en tanto el propio Consejo de Seguridad condenó la ocupación forzosa de Marruecos, es clara la violación de ese país a los postulados de Naciones Unidas y su inexcusable permanencia hasta la actualidad.

El Consejo de Seguridad, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Polisario, estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El Plan de Arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos Desde esa fecha MINURSO es una operación de paz de las Naciones Unidas, desplegada en el territorio. La misión logró establecer un cese del fuego, que actualmente se ha roto. Esta resolución fue adoptada por unanimidad en el Consejo. Y fue respaldada por el Perú, en su momento.

Debemos recordar además que el 19 de junio de 1990, el Secretario General de la ONU, Embajador Javier Pérez de Cuéllar, fue el proponente de la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, iniciativa que sometió al Consejo de Seguridad, proponiendo además la creación de lo que luego sería conocido como la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). La iniciativa del referéndum, aprobada finalmente el 29 de abril de 1991, fue coordinada por el Secretario General de Naciones Unidas y el Rey Hassan II de Marruecos.

En lo que respecta a los desarrollos recientes de la MINURSO, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha nombrado al diplomático y profesor universitario Staffan de Mistura como su Enviado personal para que reasuma el proceso político del Sahara Occidental.

El Enviado personal ha realizado consultas con las partes, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, y con los países vecinos, Argelia y Mauritania, como países observadores, para construir confianza y reanudar las negociaciones.

El compromiso que se quiere alcanzar con las partes es un acuerdo justo, duradero y mutuamente aceptable que le otorgue autodeterminación al pueblo del Sahara Occidental, consistente con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el Perú apoyará la continuidad de la MINURSO en tanto esa sea la decisión de la comunidad internacional para lograr el mantenimiento de la paz y la continuación de las negociaciones.

Como puede apreciarse, el origen de la iniciativa del referéndum refleja el profundo respeto del Perú, sus instituciones y su diplomacia, por el derecho internacional, la lucha contra el colonialismo, contra el derecho de conquista y por el respeto universal de los derechos individuales. La solución planteada constituye un camino jurídicamente pertinente y políticamente viable, en tanto se fundamenta en el respeto por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y su decisión de formar un nuevo Estado independiente o su anexión a un tercer país.

A su vez, la situación sobre el mencionado referéndum ha evolucionado y actualmente el énfasis puesto por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General está dirigido antes que, a la realización del referendo, al impulso de:

“[…] su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto”. Este planteamiento se encuentra en la Resolución 2602 del Consejo de Seguridad de 2021.

Las Naciones Unidas, en ese contexto, actualmente impulsan:

“[…]una solución política a la cuestión del Sahara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia…”. Cabe señalar que, en las Naciones Unidas, el Perú se ha expresado a favor de esta Resolución.

El Perú, conforme a su tradición, promueve el diálogo y la búsqueda de una solución justa y negociada entre el Frente Polisario, que es el movimiento de liberación nacional en el Sahara Occidental, y Marruecos, en el marco de las conversaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas, así como el cumplimiento de la labor de la Misión de las NN.UU. que tiene mandato extendido hasta el 31 de octubre del 2022, para implementar el referéndum de autodeterminación para este territorio. Le corresponderá al Secretario General de las Naciones Unidas y a su Enviado Especial facilitar el proceso de negociaciones que permitan que Marruecos y el Frente Polisario se comprometan en un espíritu de buena voluntad y realismo para acordar una solución.

Las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas responden al compromiso de asistir a las partes para conseguir una justa, duradera y mutuamente aceptable solución política basada en el compromiso, que le otorgarán la autodeterminación al pueblo del Sahara Occidental en el contexto de los arreglos consistentes con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Las relaciones entre el Perú y la RASD se entienden como parte de un proceso histórico. Nuestro país reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática en 1984, durante el gobierno de Acción Popular, liderado por el presidente Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente, se dio lugar al establecimiento de relaciones diplomáticas en 1987, durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Las relaciones fueron lamentablemente suspendidas en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, se manifestó la voluntad de seguir apoyando, en el marco de las Naciones Unidas, todos los esfuerzos tendientes a lograr que las partes pongan el mayor empeño en alcanzar una solución definitiva al prolongado conflicto, a fin de superar el estancamiento que impida la aplicación del Plan de Arreglo. En ese caso, la política exterior peruana, a pesar de la suspensión de relaciones diplomáticas, no vio alterados los principios y compromisos que la guían.

Al respecto, y de manera adicional, resulta oportuno recordar que el restablecimiento de la relación del Perú con la República Árabe Saharaui Democrática ha formado parte de la agenda política nacional desde el inicio del milenio, y en ese sentido ha sido requerida por representantes de distintos ámbitos y posiciones políticas de nuestro país.

Así, el 26 de octubre del 2005, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, el Canciller Maúrtua recibió una carta firmada por de los integrantes de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú República Árabe Saharaui Democrática, los señores congresistas Javier Diez Canseco, David Waisman, Gonzalo Jiménez, Gloria Helfer, Mauricio Mulder, Mario Molina, Luis Negreiros, José Luis Delgado Núñez del Arco, Pedro Morales, Maruja Alfaro, Xavier Barrón y Manuel Bustamante; solicitando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por corresponder a los intereses de una diplomacia peruana abierta a todos los pueblos del mundo y respetuosa a la autodeterminación de los pueblos

Posteriormente, el 10 de noviembre del 2005, los expresidentes Alan García Pérez y Valentín Paniagua, junto a otros notables personajes de la política peruana como los señores Alberto Andrade, Javier Diez Canseco, Lourdes Flores Nano y David Waisman remitieron una carta al presidente Toledo solicitando que se restablezcan las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática por considerar que ello es coherente con los principios de autodeterminación, soberanía y solidaridad con las luchas de descolonización consagrados por las Naciones Unidas y que la situación actual era injusta y contradictoria a nuestra diplomacia peruana.

Adicionalmente, el 9 de noviembre del 2006, el presidente Alan García Pérez recibió una carta firmada por los señores Lourdes Flores Nano, Alberto Andrade, Alberto Velarde, David Waisman y Javier Diez Canseco solicitando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, a cuya causa él mismo se había comprometido en la citada carta del 10 de noviembre del 2005. Con todo esto, queda claro que el reconocimiento a la RASD se consolidó como un elemento de consenso en la política peruana contemporánea.

La decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática el 8 de setiembre de 2021 responde al principio de universalidad de las relaciones diplomáticas que inspira a la política exterior peruana, lo cual es independiente de las fructíferas relaciones de amistad, cooperación, entendimiento e intercambios económicos y comerciales que caracterizan los vínculos del Estado y el pueblo peruanos con el Reino y el pueblo de Marruecos. Finalmente, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México manifestó su intención de abrir una Embajada en el Perú, solicitando la aquiescencia del gobierno peruano. En respuesta, el Perú transmitió su consentimiento a la apertura de Misión, en concordancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El establecimiento de la embajada saharaui en el Perú se encuentra en proceso.

El reconocimiento del Perú a la RASD responde al histórico principio de la política exterior peruana del respeto al derecho internacional, los derechos humanos y, mucho más importante aún, su compromiso con eliminar los rezagos del colonialismo en el mundo. Asimismo, responde a la política exterior tradicional del Perú en favor de las aspiraciones y demandas de libertad, unidad e identidad política de los países en desarrollo. Además, con esta decisión se busca afianzar la imagen del país en el mundo, a través de una serie de acciones que incluye la ampliación y el fortalecimiento de las relaciones con todos los miembros del sistema internacional. De esta manera, el Perú proyecta una imagen pragmática y confiable, como un país que busca entablar relaciones de amistad con todos los pueblos en los cinco continentes, sin sesgos políticos de por medio.

¿Cuál es la base jurídica en la que nos basamos para identificar a la RASD como un Estado soberano? Según el artículo 1° de la Convención de Montevideo sobre Deberes y Derechos de los Estados, el Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos: población permanente, territorio determinado (no necesariamente delimitado), gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.

La República Árabe Saharaui Democrática es un Estado porque cuenta con estos elementos. Tiene un territorio de 266 mil km2, aunque 75% del mismo se encuentra bajo ocupación marroquí. Su población está compuesta por los residentes en su territorio y aquellos que se encuentran en los campos de refugiados, ubicados en Argelia. En la actualidad, su población es de 584,746 habitantes, según la información considerada en The World Population Prospects. Además, tiene un gobierno en el exilio, en Argelia, que está representado por el Frente Polisario. Finalmente, la República Árabe Saharaui Democrática es un Estado soberano porque ejerce el control sobre su territorio no ocupado y su población, y tiene la capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros Estados (actualmente con 42 Estados, varios de ellos en América Latina).

Asimismo, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática se sustenta en la política de Estado que el Perú ha establecido –conforme a la historia de su tradición diplomática e intereses nacionales– a favor de la descolonización y el acceso a la independencia de todos los pueblos coloniales, en consonancia con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Y sobre todo la aplicación y estricto respeto al principio de la libre determinación de los pueblos.

La Corte Internacional de Justicia, en su “Opinión consultiva del 16 de octubre de 1975, estableció:

“2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural […] 5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberá tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios sin condiciones ni reservas en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas”

La política exterior del Perú tiene que ser muy escrupulosa en la aplicación de principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas. Cabe señalar que el Perú se constituyó como Estado independiente a través esencialmente de la aplicación del principio de la libre determinación de los pueblos. Y actuar conforme a este principio ha sido una conducta permanente y dominante en nuestra historia republicana.

Es necesario señalar que no hay indicio alguno para catalogar al Frente Polisario como grupo terrorista, y en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas reconoce a ese organismo político como representante de los intereses del pueblo saharaui. Se debe tener en consideración que Marruecos se ha sentado a negociar en sendas oportunidades con éste desde la firma del Plan de Arreglo hace más de 20 años. Esta organización es, además, la que administra el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática

Nuestro país ha mantenido una diplomacia coherente y sistemática de respaldo el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y la supresión del colonialismo. Cabe mencionar que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos está consagrado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un instrumento jurídico fundamental de los derechos humanos internacionales. En virtud de este derecho, los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. En ese sentido, la libre determinación de los pueblos es un derecho humano que forma parte de las obligaciones internacionales que debe cumplir nuestro país, debido que el Perú ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en abril de 1978.

En cuanto al Sáhara Occidental, el anticolonialismo ha sido y es una política de Estado para el Perú desde la creación del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en 1961, por lo que el Perú apoya el logro de una aproximación realista que concilie la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales del 14 de diciembre de 1960; y la negociación entre las partes.

Se ha indicado además de manera expresa que la reconducción de las relaciones diplomáticas con la República Saharaui aspira a” contribuir, al mismo tiempo, de manera más activa y dinámica a la descolonización definitiva del territorio, en el marco de las decisiones y los procesos impulsados por las Naciones Unidas y el Comité Especial de Descolonización.”. Dejando, al mismo tiempo, claramente establecido ante la comunidad internacional que: “

“Esta decisión que responde, adicionalmente, al principio de universalidad de las relaciones diplomáticas que inspira a la política exterior peruana, es independiente de las fructíferas relaciones de amistad, cooperación, entendimiento e intercambios económicos y comerciales que caracterizan y han caracterizado a los vínculos del Estado y el pueblo peruano con el Reino y el pueblo del Reino de Marruecos”.

Quiero precisar que la posición adoptada por el Perú sobre el destino final del territorio es la que corresponde a la totalidad de la comunidad internacional. Y de todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco miembros permanentes: EEUU, Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Al mismo tiempo y para finalizar deseo señalar dos cuestiones esenciales:

En primer lugar, nunca en su historia desde 1821 el Perú ha reconocido la anexión de un territorio de manera contraria al derecho internacional. La libre determinación implica la independencia de un territorio o su integración a otro estado. Las dos opciones en función del principio de la libre determinación de los pueblos y las demás normas del Derecho Internacional.

En segundo lugar, el Perú desea y tiene la firme voluntad de desarrollar los lazos de amistad cooperación y entendimiento mutuo, con el Reino de Marruecos. Próximamente las relaciones cumplirán 60 años y deseamos que ese aniversario se celebre en el contexto de la amistad tradicional que ha existido entre sus pueblos y gobiernos

En ese sentido, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática no responde tanto a un móvil ideológico cuanto a uno jurídico y político. Jurídico porque se basa en el Derecho Internacional, pues la RASD es efectivamente un Estado, dado que cumple con los elementos constitutivos de uno. Político porque supone partir del consenso logrado en las Naciones Unidas en cuanto la solución pacífica de las controversias y en la concesión de la independencia a los pueblos coloniales. Argumentar que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la RASD responde a elementos ideológicos o al régimen de turno es inexacto, pues el histórico acercamiento del Perú con el pueblo saharaui es una acción consistente con la política de nuestro país.

En cuanto a los países árabes, si bien han manifestado su apoyo a la pretensión marroquí, no se considera que el reconocimiento a la RASD pudiera generar una situación perjudicial para el Perú. Para ello, basta solamente con analizar la relación entre los países árabes y Argelia: tales desacuerdos no interrumpieren las inversiones de los países del Golfo, específicamente emiratíes, como los puertos de DP World o los lazos institucionalizados de Argel y Abu Dhabi. Como explicó Samuel Ramani, de la Universidad de Oxford, “el desacuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo - CCG, sobre el Sáhara Occidental es parte de la relación (…) tanto Argelia como los países del CCG han aprendido a compartimentar este desacuerdo.”

De la misma manera, forman parte de la Unión Africana tanto Marruecos, como la República Árabe Saharaui Democrática. Ambos países gozan, dentro de dicho organismo regional, el mismo estatus y participación, por lo que Marruecos no podría esperar que el trato de otros países hacia la RASD deba ser distinto.

En adición, baste recordar que esta posición ha sido adoptada por diversidad de países que, incluso, acogen a Embajadas de ambos países, como es el caso de México y Panamá, en Latinoamérica, así como en los países africanos que lideran ese continente, como Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Ghana y Angola.

No obstante lo acotado, y como ya se ha mencionado previamente, la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática se basa en el respeto histórico del Perú por el Derecho Internacional y en los principios que gobiernan el desarrollo pacífico de las relaciones entre los Estados; siendo estos objetivos permanentes de la política exterior peruana y que, al mismo tiempo, inspiran la voluntad e interés en reactivar y fortalecer las fructíferas relaciones de amistad, cooperación, entendimiento e intercambios económicos y comerciales con el Reino de Marruecos y sus ciudadanos.

En conclusión, resulta claro que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática corresponde a la histórica trayectoria del Perú como país de tradición democrática y de respeto por el derecho internacional, sus principios y fuentes; tradición que se mantiene tanto a nivel institucional como individual, como se ha puesto de manifiesto desde inicios del siglo XXI.


3. Posición respecto al riesgo en hacer peligrar nuestras buenas relaciones en - defensa, educación, seguridad y otros- con el Estado de Israel en caso de que el Perú intente hacer un cambio en nuestras relaciones diplomáticas con Palestina.

Con relación a la situación del Medio Oriente, debe recordarse que el Perú fue gestor de la creación de los dos Estados, Israel y Palestina. Fueron los Embajadores peruanos Alberto Ulloa, Representante Titular, y Arturo García Salazar, Representante Alterno, quienes integraron en 1947 la Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina (UNSCOP), la misma que recomendó la creación de dos Estados separados, uno árabe y otro judío, en el territorio del ex mandato británico en Palestina.

En 1947, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Perú fue uno de los 33 países que respaldó la Resolución Nª. 181 a favor del establecimiento de dos Estados, uno árabe y el otro judío, sobre el plan de partición recomendado por la UNSCOP.

En 1949, el Perú apoyó al Estado de Israel para su reconocimiento oficial como miembro de las Naciones Unidas, luego de su declaración de independencia el 14 de mayo de 1948.

A fines de 1978, el Perú aceptó la acreditación de un representante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el Perú, sin otorgarle estatus diplomático. En 1997, el Perú aceptó la elevación del estatus de la representación de la OLP, a nivel de organismo internacional, considerando entre otros aspectos el avance en el proceso de paz en el Medio Oriente y la creación de la Autoridad Nacional Palestina.

En 1998, se suscribió un acuerdo para que la Delegación tenga un tratamiento similar al que el Gobierno peruano otorga a las organizaciones y organismos acreditados en el Perú. A finales de 1998, se nombra a un Embajador como Jefe de la Delegación Especial de la Organización para la Liberación de Palestina en el Perú.

En 2011, se formalizó mediante Nota diplomática la decisión del reconocimiento del Estado Palestino, como un Estado independiente y soberano, documento que se condice con la posición histórica que ha adoptado el Perú desde 1947, cuando el país formó parte de la Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, con una posición clara y en concordancia con las normas y principios del Derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos y al Derecho Constitucional peruano y sus propios principios. En ese mismo año, 2011, el Perú permite la apertura de la Embajada de Palestina en el país.

Asimismo, un año después, el Perú apoyó el ingreso de Palestina como Estado observador No Miembro de las Naciones Unidas, al copatrocinar la resolución A/RES/67/19.

Como pueden apreciar, el Perú tiene un largo compromiso histórico con la solución del conflicto en Medio Oriente con apego al Derecho Internacional, en la cual se postula la existencia de Israel y Palestina como Estados soberanos.

Es claro que el Perú mantiene desde 1947, una posición clara y en concordancia con las normas y principios del Derecho Internacional, para reconocer a dos Estados en Palestina, y esta misma posición es conocida tanto por el Estado de Israel-1949 como por el Estado de Palestina -2011-, países con los que el Perú mantiene relaciones de larga trayectoria.

La apertura de una Oficina de Representación en Ramallah, que se encuentra bajo evaluación, sería consecuencia del relacionamiento internacional que como Estado soberano el Perú mantiene y fomenta para desarrollar relaciones de amistad y cooperación con ambas partes, en el marco de las obligaciones emanadas del Derecho Internacional.

Dicha Oficina no podría ser denominada como Embajada debido al Acuerdo Interino Israelí-Palestino, del 28 de septiembre de 1995, también llamado Acuerdo de Oslo II, que prevé el establecimiento de Oficinas de Representación, mas no de Embajadas o Consulados.

La eventual apertura permitiría al Perú realizar un seguimiento objetivo sobre, por ejemplo, la reciente escalada de violencia en esa región que se inició en mayo de 2021 y el ingreso de fuerzas de seguridad a la Mezquita de Al-Aqsa en abril de 2022.

Para el Perú, el tiempo y los ciclos de escalada y desescalada de la violencia y la tensión, no deben inhibir el mandato esencial de negociar la paz, justa, firme y duradera, y por ende, la existencia de dos Estados en Palestina.

En sentido similar, la presencia de Oficinas de Representación en Ramallah de otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, indica que no se afecta negativamente la vinculación con el Estado de Israel y más bien obedecería a una aproximación constructiva y balanceada para la obtención de información sin sesgos que sirvan para posterior análisis y evaluaciones.

La eventual decisión que al respecto adopte el Perú lo sería en concordancia y coherencia con posiciones de carácter universal que ha sostenido históricamente. El cumplimiento de esta tradición diplomática de nuestro país no debería ser considerado, por lo tanto, como un gesto inamistoso contra el pueblo del Estado de Israel, ni evaluado únicamente en el contexto de la particular coyuntura histórica por la que atraviesa el conflicto palestino-israelí.

Como Estados soberanos que mantienen relaciones activas, el establecimiento de representaciones diplomáticas -residentes o concurrentes- es un paso natural en la construcción de relaciones amistosas, contemplado por el derecho internacional.

Asimismo, se ha mencionado que existe un gran número de países que mantienen misiones diplomáticas tanto en Israel como en Palestina, estando en dicha situación varios Estados latinoamericanos de tradición democrática. Es una práctica común en la región.

De otro lado, la decisión de abrir una misión Residente en Ramallah reforzaría la imagen y posición del Perú en torno al conflicto palestino-israelí, que propugna una solución definitiva a sus diferencias sobre la base de la coexistencia de dos Estados que les permita convivir en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente.

Desde un punto de vista consular, actualmente la sección consular de L-Tel Aviv, que no contempla a Palestina dentro de su circunscripción, ha venido brindando extraordinariamente servicios consulares a los connacionales que residen en territorio palestino, como parte de las labores de asistencia humanitaria y legal a través de consulados itinerantes. Dicha sección consular atiende solicitudes de ciudadanos peruanos residentes en Palestina previa consulta y autorización de la Dirección General de Asuntos Consulares y Asistencia al Nacional

El número de ciudadanos peruanos residentes en Palestina esta entre las 120 y 150 personas, que en su mayoría residen en las ciudades de Ramallah, Beit, Jala, Bethlem y Beit Sahour. A lo anterior se suma cada año, los familiares que residen en el Perú y que suelen viajar a Palestina durante la temporada del verano, con lo cual aumenta la demanda de servicios consulares en ese país.

Con base a lo descrito, se considera que el eventual establecimiento de una Oficina de Representación podría coadyuvar a fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas. Al mismo tiempo permitiría representar adecuadamente a ciudadanos que no pueden trasladarse a Tel Aviv, como usualmente ocurre debido a controles militares alrededor del territorio palestino.

Desde un punto de vista económico-comercial, de acuerdo con la experiencia, la apertura de una embajada residente o una Oficina de Representación impacta positivamente en la diversificación y volúmenes de comercio, tanto por las labores de promoción que se realiza como parte de sus actividades, como por la seguridad jurídica que brinda al empresario de ambos lados.

En el caso de Palestina, las cifras de intercambio comercial son magras debido a que, entre otras cosas, los puertos de acceso se encuentran bajo control israelí, por lo no hay información estadística de ingreso de productos peruanos, ya que lo hacen desde Israel, resultando en que el seguimiento del comercio sea impreciso y la demanda poco atractiva.

Finalmente, es importante abordar los acontecimientos en Jerusalén Oriental y diversas ciudades en Cisjordania, que motivaron una Declaración en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano por excelencia para la solución de la creación de dos Estados, en el seno de ese Consejo de Seguridad se han dado las declaraciones del Representante Permanente del Perú en la Sesión sobre la Situación en el Oriente Medio, incluida la Cuestión de Palestina el 25.de abril de 2022 cuando el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros expresó, entre otras cosas, la preocupación del Perú “por el aumento de la tensión, la violencia sistemática, y el deterioro de la situación en Jerusalén Oriental y en diversas ciudades de Cisjordania e hizo “un llamado imperativo para que se detenga la escalada de violencia que ha costado la vida a numerosos seres humanos inocentes. Incluidos niños. Exigimos una investigación efectiva e independiente para resarcir a las víctimas y asegurar que los responsables de cualquier violación rindan cuentas.”

Estas palabras obedecen a la historia peruana de respeto a los principios y normas internacionales que están claramente definidas por el Perú y con el afán de mantener una posición lo más equilibrada posible con acceso a información fidedigna y fiable en el lugar de los hechos.