Efectos de la tenencia de armas de fuego en los derechos humanos: Consejo de DDHH de la ONU adopta resolución liderada por el Perú y Ecuador
Nota InformativaConsejo de Derechos Humanos de la ONU adopta resolución liderada por el Perú y Ecuador


11 de julio de 2024 - 11:06 a. m.
Hoy, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, máximo órgano intergubernamental del sistema de la ONU en la materia, adoptó una resolución liderada por el Perú y el Ecuador que abarca el impacto que tiene en los derechos humanos la adquisición, posesión y uso de armas de fuego por civiles, incluidos los numerosos abusos y violaciones del derecho a la vida, y otros derechos civiles, económicos, sociales y culturales asociados a su uso.
Durante la presentación del proyecto ante la plenaria del Consejo, la Representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Embajadora Ana Cecilia Gervasi, destacó el enfoque reforzado que se ha otorgado a esta resolución, al incluir el impacto en los derechos humanos de la violencia con armas de fuego vinculada a las pandillas y al crimen organizado transnacional, en atención a la cada vez mayor preocupación que existe en torno al avance de este fenómeno.
Además de una adecuada regulación, la resolución subraya la importancia de adoptar enfoques preventivos y desarrollar políticas públicas integrales e inclusivas, para atender las causas subyacentes y factores de riesgo que impulsan la violencia con armas de fuego, incluida la desigualdad y la discriminación. Asimismo, se insta a los Estados a tomar medidas en este sentido.
Con miras a mantener este importante asunto en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, la resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desarrollar un informe sobre el impacto de la adquisición, la posesión y el uso de armas de fuego por civiles, así como las causas subyacentes y los factores de riesgo que impulsan la violencia con armas de fuego sobre el derecho a participar en la vida pública, política y cultural, en particular en las personas en situación de vulnerabilidad. El referido informe deberá ser presentado al Consejo en 2025.