Goresam impulsa proyectos para la formalización rural en Picota

En el marco de las acciones estratégicas para fortalecer la formalización y el ordenamiento territorial en zonas rurales, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en coordinación con el Gobierno Regional de San Martín, llevó a cabo reuniones de socialización y difusión del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en los distritos de San Cristóbal y Picota, provincia de Picota.

Durante los encuentros, se informó acerca del inicio del levantamiento catastral, con el despliegue de equipos técnicos especializados para registrar la información en campo y avanzar en el proceso de formalización. Asimismo, se presentaron los principales actos que contempla el proyecto: rectificación de área, que ajusta las medidas y linderos a la realidad física; prescripción adquisitiva de dominio, que reconoce legalmente la propiedad por posesión continua, pacífica y pública; e inmatriculación de predios del Estado, que permite registrar oficialmente terrenos estatales no inscritos.

Este proyecto, que se ejecuta en las 10 provincias del departamento de San Martín, tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural mediante el levantamiento catastral, la titulación y la formalización de predios. En el presente periodo 2025, ya se han entregado más de 1140 títulos a familias rurales en la provincia de Tocache, beneficiando a familias agricultoras en la región y contribuyendo significativamente a su desarrollo económico y social.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, equipo técnico del Midagri y 30 usuarios beneficiarios, quienes recibieron información detallada sobre los procedimientos y beneficios del proyecto, además de absolver sus consultas de manera directa con los especialistas presentes.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Midagri y el Goresam de trabajar de manera articulada con la población rural, asegurando procesos transparentes, eficientes y orientados a las necesidades de los usuarios. Con ello, se consolida un modelo de gestión territorial que promueve el uso sostenible de la tierra, la seguridad jurídica y la participación activa de los beneficiarios como protagonistas de su propio desarrollo.