Goresam fortalece capacidades institucionales en Integridad y Transparencia pública

En el marco del Decreto Supremo N° 148-2024 PCM, que aprueba el Modelo de Integridad institucional para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público, el Gobierno Regional San Martín mediante la Unidad Funcional de Integridad de la Gerencia General Regional, desarrolló en Tarapoto un ciclo de capacitaciones a las unidades ejecutoras de la institución.

La asistencia técnica estuvo dirigida a los Oficiales de Integridad y sus especialistas de las unidades ejecutoras del Gore San Martín quienes intregan la Red de Integridad Regional. Este equipo participará en la Evaluación del Índice de Capacidad Preventiva, cuyas acciones están enmarcadas en el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021. Este plan establece un marco orientado a promover la transparencia y fortalecer la integridad en las instituciones públicas y la sociedad civil.

Entre los temas que se han abordado en este ciclo de capacitaciones, están: Ética e Integridad en la Función Pública, Gestión de Riesgos que Afectan la Integridad Pública, y el Desarrollo de las Guías de Evaluación; que estuvo a cargo del equipo de profesionales de la Unidad Funcional de Integridad de la sede central, encabezada por el coordinador de esta área, Edinson Pérez Gómez.

Es importante precisar que, el Decreto Supremo N° 148-2024 PCM, define los principios y componentes clave del Modelo de Integridad; tales como el compromiso de la alta dirección, la transparencia, la gestión de riesgos, la denuncia de actos de corrupción, entre otros. Además, regula las responsabilidades de las entidades públicas en su implementación, asegurando un enfoque transversal en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, introduce mecanismos de monitoreo y evaluación para medir los avances en integridad pública, como el Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, también precisa los actores, roles, responsabilidades y obligaciones para las entidades incluidas en la evaluación, efectuada por la Secretaría de Integridad Pública en base a criterios de progresividad y gradualidad.