Constatan ocupación de faja marginal del río Piura que impide concluir trabajos del PECHP

La Fiscalía de Prevención del Delito constató que las viviendas ubicadas dentro de la faja marginal del río Piura, tanto en el lado de Castilla como en Piura, impiden culminar los trabajos de levantamiento del dique que realiza el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) como medida de prevención ante el desborde del río Piura en temporada de lluvia.

 

El fiscal de prevención del delito, Armando Ortiz acudió al asentamiento Las Palmeras, en el lado de Piura, para verificar los puntos en donde aún no se pueden concluir los trabajos de levantamiento de altura del dique. En el lugar escuchó a los moradores y a los representantes del Proyecto Chira Piura. El principal temor de los pobladores era que, al levantarse el dique, el agua de las lluvias ingrese a sus hogares.

 

Desde el PECHP se argumentó que el terreno no debía ser ocupado por viviendas ni ser usado como carretera porque en las fajas marginales, según lo ha establecido la Autoridad Nacional del Agua, está prohibida la instalación de asentamientos humanos, agricultura o cualquier actividad que ponga en riesgo estos espacios. Además, en las fajas marginales se levantan diques que protegen a las ciudades de inundaciones.

 

El gerente general del PECHP, Benjamín Padilla recordó que se realizaron varias reuniones con la población y con autoridades para explicarles  la importancia de preservar el bien común (en este caso evitar inundación con el levantamiento de diques) y la necesidad de concluir los trabajos antes que llueva, pero hasta la fecha no se logra una respuesta positiva. 

 

Padilla aclaró que la oposición no es a lo largo de todo el dique solo en unos 5 a 8 tramos de 20 a 50 metros. Esto origina que queden una especie de "ventanas" en el dique y por ahí se inunden a futuro.

 

En el caso de Castilla, la elevación del dique es necesaria para evitar  inundaciones por dicho sector. En este punto, los vecinos exigieron que no se levante el dique, y si se hace, se les garantice el acceso al dique para transitar sobre él o se les construya una pista al costado del dique. Además, que se les garantice que en época de lluvias el barro que pudiera desprenderse del dique no ingrese a sus viviendas. Incluso cuestionaron los trabajos actuales y aseguran que el caso fue puesto de conocimiento a Contraloría.

 

El fiscal aseguró que su deber era constatar lo que ocurría en la zona y garantizar que los pobladores y la empresa que realiza los trabajos no incurran en delitos y que no se ejerza ningún tipo de violencia. Ortiz advirtió que el hecho que los inmueble hayan mantenido, por décadas, una puerta en la parte trasera de sus viviendas no significa que sea legal o un derecho porque esa puerta choca  o está dentro de la faja marginal del río Piura.  

 

En el lugar, algunas moradoras expresaron que cuentan con títulos que avalan su propiedad  en el tramo que corresponde al dique y parte del río. 

 

Finalmente, el fiscal coordinó para el miércoles 24 de abril a las 4 p.m. una reunión con la municipalidad de Castilla para establecer cómo se puede atender y disminuir la vulnerabilidad de estas familias. Lo mismo se hará con la municipalidad de Piura.