GORE y MINJUSDH impulsan una verdadera política de derechos humanos y empresa
Nota de prensa
Fotos: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - GORE
7 de marzo de 2023 - 8:23 a. m.
El Gobierno Regional Piura y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia vienen implementando talleres de capacitación a los funcionarios del pliego regional y de los gobiernos locales con el objetivo de regionalizar el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025 (PNA).
Recordemos que en junio del 2021, a través del Decreto Supremo Nº009-2021-JUS, se aprobó el PNA 2021-2025, el cual tiene como objetivo “implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos con la finalidad de garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción.
La vicegobernadora Quemnedy Rojas Castillo señaló que como gobierno regional se apunta a trabajar para lograr que las empresas que operan en Piura apliquen la conducta empresarial responsable que implica el respeto a los derechos humanos de los piuranos. “Tengamos en cuenta que la conducta empresarial responsable de una empresa implica que estas deben evitar y abordar las consecuencias negativas de sus operaciones, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de la región”, puntualizó.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, explicó que como Estado se está sentando las bases de una política en derechos humanos muy importante para el país y la región. Agregó que las empresas deben tener en claro que su derecho a la actividad empresarial parte del derecho fundamental del ser humano.
“En el Perú, hay millones de bodegas que son empresas familiares donde trabajan las familias que no tienen derechos laborales, ni planilla. Tenemos una relación informal como lo que sucede con la Población Económicamente Activa (PEA) de nuestro país, en la que se reporta el 73% de informalidad”, indicó el titular de Justicia.
Dijo que con la informalidad que existe en el país se afecta básicamente a los jóvenes y adultos mayores, quienes llegan a ganar un sueldo menor a 900 soles. “En la conducta empresarial falta aún asimilar muchas cosas. No solo en la mediana empresa, la gran empresa o la empresa informal sino nosotros desde el Estado tenemos que meternos profundamente a solucionar el problema de la informalidad, disminuirla y lograr que estas empresas informales sean formales”, añadió Tello.
La jefa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Olga Orozco, explicó que durante los últimos cuatro años han venido trabajando de manera mancomunada este PNA, con el apoyo de la Unión Europea, por lo que ya se logró formar, junto a empleadores, comités de empresas y derechos humanos en Piura, Cajamarca e Ica. “Esto demuestra el compromiso de los empresarios, no solo empresas grandes sino pequeñas y medianas, las cuales ya tienen idea de los derechos humanos, no solo el respeto por los temas laborales sino ambientales”, remarcó.
Recordemos que en junio del 2021, a través del Decreto Supremo Nº009-2021-JUS, se aprobó el PNA 2021-2025, el cual tiene como objetivo “implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos con la finalidad de garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción.
La vicegobernadora Quemnedy Rojas Castillo señaló que como gobierno regional se apunta a trabajar para lograr que las empresas que operan en Piura apliquen la conducta empresarial responsable que implica el respeto a los derechos humanos de los piuranos. “Tengamos en cuenta que la conducta empresarial responsable de una empresa implica que estas deben evitar y abordar las consecuencias negativas de sus operaciones, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de la región”, puntualizó.
Por su parte, el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, explicó que como Estado se está sentando las bases de una política en derechos humanos muy importante para el país y la región. Agregó que las empresas deben tener en claro que su derecho a la actividad empresarial parte del derecho fundamental del ser humano.
“En el Perú, hay millones de bodegas que son empresas familiares donde trabajan las familias que no tienen derechos laborales, ni planilla. Tenemos una relación informal como lo que sucede con la Población Económicamente Activa (PEA) de nuestro país, en la que se reporta el 73% de informalidad”, indicó el titular de Justicia.
Dijo que con la informalidad que existe en el país se afecta básicamente a los jóvenes y adultos mayores, quienes llegan a ganar un sueldo menor a 900 soles. “En la conducta empresarial falta aún asimilar muchas cosas. No solo en la mediana empresa, la gran empresa o la empresa informal sino nosotros desde el Estado tenemos que meternos profundamente a solucionar el problema de la informalidad, disminuirla y lograr que estas empresas informales sean formales”, añadió Tello.
La jefa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Olga Orozco, explicó que durante los últimos cuatro años han venido trabajando de manera mancomunada este PNA, con el apoyo de la Unión Europea, por lo que ya se logró formar, junto a empleadores, comités de empresas y derechos humanos en Piura, Cajamarca e Ica. “Esto demuestra el compromiso de los empresarios, no solo empresas grandes sino pequeñas y medianas, las cuales ya tienen idea de los derechos humanos, no solo el respeto por los temas laborales sino ambientales”, remarcó.