Autoridades de Moquegua y sociedad civil dan ultimátum al Ejecutivo para atención inmediata a contaminación del río Coralaque

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, junto a los alcaldes y la sociedad civil de la región, acordaron no participar de la mesa de diálogo presidida por el ejecutivo para dar soluciones definitivas a la contaminación en la cuenca del río Coralaque; asimismo exhortaron por última vez al gobierno central atender de forma inmediata esta contaminación ambiental; solicitan además una reunión urgente con la presidenta de la República y presidencia del Consejo de Ministros para este 6 de noviembre, a fin de exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos y resolver la problemática ambiental.

La autoridad regional, ante la ausencia de ministros de estado en la sesión de la mesa de Coralaque, mostró su malestar y recordó que desde junio de este año no se instala la mesa de diálogo y se viene postergando de manera continua, remarcando que es necesario abordar esta problemática de manera integral y transversal por los diferentes sectores del ejecutivo.

Agregó que la contaminación del río Coralaque es un atentado a la salud de la población y a la agricultura de la zona.

“Seremos respetuosos de las medidas y decisiones que tome la sociedad civil y siempre tenemos el compromiso de estar del lado de la población, más aún cuando vulneran sus derechos a la vida y la salud”.

Dentro de los compromisos principales a concretar, está la declaratoria de oficio del estado de emergencia por peligro inminente del río Coralaque, transferencia de recursos del MINSA a la DIRESA para ejecutar el Plan Integral de Salud por presencia de metales y metaloides y la emisión de un dispositivo normativo de remediación a la contaminación ambiental con la asignación presupuestal correspondiente.

El pronunciamiento, emitido por las autoridades y sociedad civil de la región Moquegua, rechaza el comportamiento del ejecutivo nacional en particular del Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, y exigen la atención inmediata de los compromisos asumidos.

Además, piden a la presidenta de la República y presidente del Consejo de Ministros, una reunión de urgencia para tratar esta situación que genera conflictividad social, para lo cual proponen como fecha el 6 de noviembre en la ciudad de Lima.